En los países de Latinoamérica y el Caribe, el 45% de los niños sufre al menos una privación moderada o grave en sus derechos, lo que hace que casi 81 millones de menores de 18 años se encuentren en situación de pobreza infantil, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El relevamiento denominado Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, que desarrolla una medición y diagnóstico de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos en la región y propone recomendaciones de política pública para su erradicación, advierte que existe una gran heterogeneidad entre naciones.
Mientras en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú más de dos tercios de los niños son pobres, en Chile, Costa Rica y Uruguay menos de uno de cada cuatro sufre pobreza infantil.
El estudio, realizado entre 2008 y 2009, midió múltiples dimensiones de la pobreza infantil en la región, vinculando a cada una con el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia en 1989. Tomó en cuenta factores como la nutrición, el acceso a agua potable, la conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, el grado de asistencia a la escuela y el acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social.
Además, el análisis consideró el nivel de ingresos de sus hogares y la potencial capacidad de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas.
"Para poder eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los Gobiernos deben integrar las políticas sociales, de empleo y macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector y aumentar la provisión y la calidad de los servicios, así como también ampliar los sistemas de protección social", señalaron Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe en el prólogo del documento.
En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género que están presentes en todos los países de la región. Y además recomienda que este proceso se realice desde las edades más tempranas, para quebrar la repetición intergeneracional de la pobreza.
Finalmente, detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil. Las principales medidas son asegurar los derechos a la alimentación y la salud, al agua, al saneamiento, a la educación y a la información.
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