Manuel Olate Céspedes es un ciudadano chileno acusado por la justicia colombiana de complicidad con el terrorismo. Su extradición ha sido reclamada por Bogotá a Santiago, donde la justicia la rechazó en primera instancia. La Fiscalía de Colombia amplió la fundamentación de su reclamo y éste está siendo estudiado ahora por la Suprema Corte de Chile. Según las autoridades colombianas, Olate Céspedes actuaba como nexo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Cono Sur y como tal había establecido contacto con diversos grupos afines en Perú, Chile, Bolivia y Argentina, había organizado viajes de ciudadanos de esos mismos países a los campamentos clandestinos de la guerrilla colombiana en Ecuador para recibir entrenamiento militar y se había entrevistado en varias ocasiones con los jefes guerrilleros Raúl Reyes -abatido en 2008- e Iván Márquez.
Por muchas razones, la resolución de este caso tendrá efectos importantes para Colombia y podría marcar un antes y un después en la diplomacia regional. Para entender por qué, cabe repasar la historia reciente.
En el transcurso de la primera década de este siglo, el gobierno colombiano enfrentó en soledad el flagelo de un terrorismo anacrónico, alejado de los principios ideológicos que le dieron origen en los años 60 y cuya supervivencia en la actualidad debe mucho al lucrativo negocio del narcotráfico.
El presidente Alvaro Uribe (2002-2010) no sólo no fue acompañado por sus pares sudamericanos sino que hasta padeció el cuestionamiento de parte de algunos de ellos, en razón de su negativa a negociar con la guerrilla sin previo cese del fuego de parte de ésta. Vale recordar que, hasta el momento de su asunción, las FARC gozaban de libertad de movimiento en una zona desmilitarizada, establecida como parte de un proceso de negociación de paz iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana. El área en cuestión tenía el mismo tamaño que Suiza. En los cuatro años que duraron las negociaciones de El Caguán, en ningún momento los jefes de las FARC mostraron verdadera voluntad de diálogo y, más grave aún, jamás cesaron sus acciones armadas. Por el contrario, fue una época "floreciente" para uno de sus delitos preferidos: el secuestro de políticos y militares. Uno de los más resonantes fue -en 2002, al concluir el mandato de Pastrana y el "diálogo" de paz- el de Ingrid Betancourt, una política ignota en Colombia que adquirió notoriedad precisamente a raíz de su captura por las FARC. En concreto, la etapa de supuesta negociación para la paz, sólo sirvió para que la guerrilla se afincase aún más en los territorios que controla y se abasteciese de armamento, además de que le permitió tejer una red de relaciones políticas en Sudamérica y Europa principalmente.
Los éxitos de Uribe en el combate a la guerrilla jamás fueron saludados por el resto de las democracias latinoamericanas que, en su gran mayoría, siguieron considerando a las FARC -y en algunos casos vinculándose con ellas- como si se tratase de una fuerza legitimada por alguna causa justa.
"Sudamérica en general se ha negado a declarar terroristas a las FARC; la única excepción es Perú, dijo a Infobae América el ex asesor de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria. Pero todavía existe en muchos sectores políticos y jurídicos de los países sudamericanos la definición de las FARC como organización insurgente o beligerante, que por lo tanto no merece tratamiento jurídico sino político".
Semejante calificación implica, entre otras cosas, desconocer que Colombia es una democracia y que allí rige el estado de derecho. Más allá de la desconsideración hacia ese país, esta posición tuvo efectos concretos: desde la complicidad abierta con el accionar terrorista de las FARC hasta la indiferencia frente a la lucha que libraba el Estado colombiano por restablecer el monopolio de la fuerza en su territorio, pasando por la tolerancia a la presencia de campamentos al otro lado de la frontera colombiana, permiso de circulación y propaganda para los representantes "diplomáticos" que las FARC enviaban a recorrer el mundo y hasta interpelaciones al presidente colombiano por su -para ellos incomprensible- negativa a negociar con los extremistas.
Fueron tiempos de soledad diplomática para Colombia en ese conflicto, rémora de la Guerra Fría, cuya continuidad en el tiempo sólo se explica por el combustible que el dinero de la droga implica para la guerrilla. Sin embargo, fueron también tiempos de grandes éxitos en el combate a las FARC, que sufrieron en este período bajas significativas -entre ellas, las de varios de sus jefes más emblemáticos-, deserciones y golpes espectaculares como la recuperación por el ejército colombiano de un importante grupo de rehenes entre los cuales se contaba Ingrid Betancourt.
Aún así, en paralelo con esto, no cesaba la propaganda a favor de las FARC ni la tolerancia hacia sus crímenes en el resto de los países sudamericanos. Jamás se conoció por parte de esos gobiernos una clara condena al accionar de las organizaciones armadas colombianas ni la exigencia de que depusiesen las armas. Los reclamos quedaban reservados para el "intransigente" gobierno colombiano. Las denuncias contra Venezuela por su complicidad con la guerrilla que formuló Alvaro Uribe en el fin de su mandato presidencial no tuvieron buena recepción en los gobiernos de la región. Más aún, muchos reservaron su simpatía para el señalado Hugo Chávez.
No importa que, más tarde, WikiLeaks y otras revelaciones hayan confirmado la extensión de la protección que el bolivariano otorgaba a grupos que desafían el orden constitucional colombiano.
En concreto, hubo un permanente desconocimiento a la soberanía del Estado colombiano en paralelo con la atribución a las FARC de un estatus político que cualquier grupo armado que desafíe a un gobierno democrático y un Estado de derecho está lejos de merecer. Sin embargo, el actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llegó a dirigir un mensaje personal al jefe de esa guerrilla tratándolo de "Monsieur Marulanda" y Suiza tolera aún hoy la presencia en su territorio de un "embajador" de las FARC.
En otro orden, del análisis de las computadoras halladas en el campamento de Raúl Reyes, número dos de la organización guerrilla abatido por el ejército colombiano en 2008, surgió que "había un contacto, un contagio espantoso (de las FARC), en todas las sociedades latinoamericanas", como lo explicó también Gaviria.
A eso busca poner fin Bogotá. Se trata de cortarle el camino a los que le hacen diplomacia a las FARC, a los que la presentan como un grupo con objetivos políticos, a los que la legitiman como un actor que debe ser equiparado con el gobierno colombiano, a los que buscan recursos en algunas ONG europeas o le prestan apoyo logístico fuera de Colombia.
En referencia, por ejemplo, a la campaña actualmente en marcha en Internet para evitar la extradición de Olate, el coronel retirado del Ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín Pulido, dijo a Infobae América que "las ONG de izquierda, que reciben financiamiento de (el presidente venezolano Hugo) Chávez, tratan de negar todo esto (la complicidad del chileno con el terrorismo). Lo mismo hicieron cuando (la ex senadora colombiana) Piedad Córdoba fue señalada por sus vínculos con las FARC. Es una red internacional de organizaciones que se activa cada vez que tienen que defender alguna de sus causas o a alguno de los suyos".
Este especialista, autor de varios libros sobre el conflicto colombiano y el terrorismo internacional, señala que, mientras los amigos de las FARC hacen campaña por ellos a nivel mundial, "un punto clave es que el gobierno colombiano nunca hizo la misma propaganda. En eso, la guerrilla le lleva ventaja".
En efecto, Bogotá no dedicó en estos años demasiados esfuerzos a contrarrestar la propaganda favorable a las FARC que éstas promovían a través de su red de contactos en el mundo, favorecidos por su inclusión en grupos como la Coordinadora Continental Bolivariana y la tolerancia a su presencia en ámbitos como el Foro de San Pablo.
Los motivos de ese descuido del frente propagandístico por parte de las autoridades colombianas no son conocidos, aunque puede suponerse que tenía sus energías concentradas en combates más urgentes: paramilitares, cárteles de droga y narcoguerrilla.
Como sea, la situación parece haber cambiado. El actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se muestra decidido a continuar el combate contra las FARC en los mismos términos que su predecesor y con resultados similares, pero también a ser implacable con las extranjeros que asumieron -hasta ahora impunemente- el rol de nexo de las FARC en diferentes países y colaboraron con el grupo terrorista haciendo propaganda, reclutando adeptos y fondos y ofreciendo apoyo logístico.
Chile tiene en el caso Olate Céspedes la oportunidad de mostrar que también la actitud de los gobiernos sudamericanos hacia las FARC está cambiando y que por fin las demás democracias de la región entienden la naturaleza del conflicto al cual se ha enfrentado y se enfrenta aún -hasta ahora en soledad- una república hermana.