El ministro de Seguridad, José María Tijerino, anunció a la prensa local que se decidió "enviar fuerzas policiales al sitio de los hechos en cumplimiento de los deberes que nos impone la Constitución que es resguardar la soberanía y garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes".
El funcionario no reveló el número de efectivos pero aseguró que estarán en la zona "el tiempo que sea necesario para cumplir la misión" al tiempo que garantizó que "no se va a seguir afectando el territorio costarricense con las obras", enacradas unilateralmente por el gobierno de Daniel Ortega (ver nota relacionada).
Costa Rica, que envió una nota de protesta al mandatario nicaragüense, comprobó la presencia de una draga anclada en el margen del río y de una tubería que ingresa en territorio costarricense para depositar sedimentos. A ellos se suman numerosas denuncias de campesinos de la región que aseguran haber visto incursiones de militares de Nicaragua, quienes incluso habrían tomado algunas propiedades y matado ganado (ver nota relacionada).
"Ese es territorio costarricense. Aparece como tal en las cartas geográficas nuestras como en las del Instituto Nacional de Estudios Territoriales de Nicaragua, de manera que no hay ninguna tierra de nadie", indicó Tijerino, quien llamó a la calma pues el gobierno "tiene confianza de que prevalecerá la razón, la calma y la fraternidad entre los dos pueblos y que esto será un episodio sin mayores consecuencias".
Por su parte, la cancillería costarricense divulgó el contenido de la nota de protesta en la que tilda a los hechos como "una violación inaceptable de la soberanía costarricense" y exige que no se vuelvan a repetir. "El gobierno de Costa Rica (...) demanda el cese inmediato de cualquier acción o actividad que afecte territorio costarricense o sus habitantes, que lesione la soberanía nacional o que cause daños ecológicos a su territorio", señala el escrito.