La nueva ley -uno de los proyectos más ambiciosos del presidente izquierdista Evo Morales- quedó sancionada en la madrugada, cuando el Senado, de abrumadora mayoría oficialista, ratificó el proyecto aprobado la semana pasada por la también pro gubernamental Cámara de Diputados.
"La sanción es histórica y cambiará la realidad de toda la generación de jubilados que estaba esperando esta ley que incluye a otros sectores", dijo tras la votación el presidente del Senado, René Martínez, según fue citado en un comunicado.
El trámite legislativo de la reforma de pensiones, previamente concertada entre el Gobierno y los sindicatos, duró menos de tres semanas, una muestra de la decisión de Morales de acelerar reformas en aplicación de la nueva Constitución de línea socialista e indigenista vigente desde el 2009.
El mandatario indígena había remitido el proyecto a la Asamblea el 16 de noviembre, prometiendo que sería un "regalo de Navidad" para los trabajadores, al que seguirá probablemente antes de fin de año una amplia reforma de la educación.
La ley, producto de cuatro años de negociaciones de las que estuvieron excluidos los empresarios, rebaja la edad de jubilación de 65 a 58 años, con edades incluso menores para mineros y madres, y amplía el beneficio a trabajadores informales e independientes, inclusive a campesinos.
"Esta es la nueva política de redistribución (...), para la búsqueda de reducir la pobreza y para la igualdad de los trabajadores", había dicho Morales al justificar la reforma, que repone los aportes patronales al sistema que habían sido eliminados en una reforma privatizadora hace 13 años.
La ley no fija plazos para el cese formal de actividades de los fondos Previsión, del BBVA, y Futuro, de Zurich, aunque medios locales anticiparon que ya estaban en desarrollo negociaciones y que aun el grupo español reveló su deseo de salir de Bolivia.
Ambos fondos manejan en conjunto aportes de unos 1,3 millones de personas, con un total acumulado de unos 3.000 millones de dólares, según cifras oficiales de fines del 2009. El ministro de Economía, Luis Arce, informó durante el trámite legislativo que esos fondos serían traspasados a la Gestora Pública en el transcurso del 2011.
En sus primeros cuatro años de Gobierno, Morales ha nacionalizado industrias básicas, como las de los hidrocarburos y la minería, revirtiendo privatizaciones de la década de 1990 en el empobrecido país.
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