La Sala Segunda de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó el procesamiento contra un joven que el 2 de noviembre de 2009 intentó legalizar el certificado analítico que "resultó ser apócrifo".
La maniobra fue advertida por Isabel Edith Ingui de Sartirana, empleada de la Dirección de Atención al Público del Ministerio del Interior de la Nación, sector de legalizaciones, quien formuló la denuncia, a la que está obligada como funcionaria pública.
El defensor del imputado argumentó que no existía delito pues la falsificación era burda y no podía hacer pasar por verdadera a la constancia de estudios.
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Pero los jueces replicaron que
En ese sentido, opinaron que
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