Miceli había pedido la inconstitucionalidad de una norma del Código Procesal Penal, que establece que la existencia de recursos pendientes de resolución ante los tribunales superiores "en ningún caso impedirá la elevación a juicio de las actuaciones".
Concretamente, cuestionó que no haya participado de la producción de esas medidas, en particular, de varias declaraciones testimoniales prestadas ante la parte acusadora. Ello, a su criterio, constituía una afectación a su derecho de defensa.
Miceli, ex ministra y hoy asesora contable de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Jefa del Departamento de Economía de su Universidad, quedó imputada judicialmente cuando el 5 de junio de 2007 dos efectivos de la división Explosivos de la policía realizaron un control de rutina en el baño de su despacho del Ministerio de Economía: allí encontraron un paquete termosellado con $ 100.000 y una bolsa de madera con U$S 31.670.
Un mes después, el 16 de julio, el fiscal Marijuán pidió que sea citada a declaración indagatoria, por lo que la funcionaria renunció a su cargo.
En ese momento, la ex ministra alegó ante la Justicia que el dinero le había sido prestado por su hermano -que también fue investigado pero beneficiado con una falta de mérito- para comprar una vivienda y que lo dejó en su despacho porque no había tenido tiempo de depositarlo en un banco.
El fiscal sostuvo que "tenían un origen espurio" los billetes encontrados "en una bolsa de papel madera que se encontraba colgada de una percha en el placard del baño" del despacho ministerial.
Y así, Miceli "encubrió con la tenencia del dinero hallado en el interior del baño de su despacho el origen espurio del mismo", indicó Marijuán. El funcionario encuadró el delito bajo la figura del artículo 277 del Código Penal que castiga "el encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo".