Ayer, el propio jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una reunión de urgencia con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el secretario de Gobierno, Marcos Peña, entre otros dirigentes macristas, para analizar las nuevas pruebas que vincularían al subjefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, con un supuesto espionaje ilegal a funcionarios y diputados de la Ciudad.
Según se determinó en el encuentro, Montenegro pedirá una audiencia al juez federal Norberto Oyarbide, a quien consultará qué pruebas tiene para investigar el supuesto espionaje a Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la Ciudad.
De acuerdo a lo que conversen Montenegro y Oyarbide en ese encuentro, la mesa chica del macrismo se volverá a reunir para determinar qué decisiones se tomarán respecto a la conducción de la fuerza metropolitana.
Las fuentes consultadas por Infobae.com no descartaron la posibilidad de que la comuna pida la renuncia a Chamorro, pero solicitaron prudencia para esperar los detalles del encuentro que mantendrán Montenegro y Oyarbide.
Espionaje a Rodríguez Larreta
Peritos que analizaron las PC que se incautaron a Osvaldo Chamorro determinaron que el jefe de Gabinete y diputados opositores también fueron investigados sin el aval judicial que exige la ley.
En una de las computadoras del subjefe de la Policía Metropolitana se encontraron pedidos de informes a una empresa comercial para que suministre datos sobre la situación patrimonial y financiera de un grupo de dirigentes y diputados de la oposición y del jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta.
El hallazgo fue realizado por el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide en el marco de la causa por las escuchas ilegales en la que está procesado el espía Ciro James, según informaron fuentes judiciales a Infobae.com.
En una PC de Chamorro se encontraron los pedidos a la empresa Nosis sobre Rodríguez Larreta, los legisladores porteños Diana Maffía, de la Coalición Cívica, Silvia La Ruffa de Identidad Porteña, Gonzalo Ruanova de Espacio Plural, y Patricio Datarmini, que es dirigente del sindicato de los empleados municipales, de acuerdo a los voceros consultados.
La legisladora La Ruffa advirtió, en declaraciones a Radio 10, que "cualquiera que esté vinculado con el gobierno (porteño) puede ser espiado vaya a saber con qué fines". A su vez, le pidió a Macri que "dé explicaciones y saque a toda la gente vinculada con el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios de la fuerza".
Por su parte, Nenna consideró que Macri "no puede seguir mirando al costado y negar su responsabilidad" e indicó que el caso se convirtió en un "escándalo político", mientras que opinó que el ministro de Justicia y Seguridad "debe renunciar" porque es su jefe policíal el que espiaba a legisladores, gremialistas y a sus propios funcionarios.
En tanto, el juez Oyarbide pidió el juicio político y desafuero de los magistados penales de Misiones que autorizaron las escuchas ilegales a empresarios, dirigentes y al cuñado de Mauricio Macri.
Fuentes judiciales informaron que Oyarbide envió la solicitud a la Cámara de Diputados de Misiones para que desafuere a los magistrados a fin de ordenar su detención para que declaren como acusados en la causa. Es que los magistrados no se presentaron a ninguna de las dos oportunidades en que fueron citados a prestar declaración indagatoria.
El juez Oyarbide citó días atrás como sospechosos a los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes habrían solicitado a la SIDE la intervención de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y del dirigente de familiares del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.
Los magistrados fueron citados con el objetivo de profundizar la pesquisa sobre cómo se llegó a decidir la pinchadura de esas líneas, en el marco de la causa por las escuchas pedidas por el presunto espía porteño Ciro James. Como no se presentaron, el juez pidió su desafuero, informaron las fuentes consultadas.