Se trata de documentos sobre la represión, con nombres y apellidos, y servirá para que el juez decida si abre la primera investigación por crímenes de lesa humanidad o genocidio de la historia de España, en relación con la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.
"Es un listado de víctimas de desapariciones forzadas y fusilamientos, cuyos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, así como de personas enviadas a campos de concentración en el extranjero", dijo el abogado de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán.
Según el letrado, "la relación nominal arroja una cifra de 143.353 desaparecidos, pero hay muchas más personas documentadas, que aún no pudimos contabilizar".
Magán explicó que las asociaciones de Memoria trabajan con el formulario de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas de personas, que consta de 45 preguntas que indagan sobre los últimos días en que fue visto el desaparecido.
"Los nombres están dados, pero la información sobre la procedencia, fecha de muerte, lugar de las desapariciones y otras circunstancias, comprendidas en la ficha completa, las vamos a entregar con posterioridad", precisó el letrado.
Desde el año 2000, cuando se ordenó por primera vez la apertura de una fosa común en España, las asociaciones, que hasta ahora trabajaron sin ningún tipo de apoyo legal en las exhumaciones, lograron identificar sólo a un número muy reducido de víctimas.
El juez tiene a partir de hoy información en sus manos para localizar e identificar a miles de víctimas que aún permanecen desaparecidas, lo que constituye, según los demandantes, un "crimen contra la humanidad, de carácter internacional e imprescriptible".
"Para apoyar su demanda, las asociaciones de Memoria histórica aportaron también otros documentos relacionados con la conspiración en torno al levantamiento militar del general Francisco Franco y su plan sistemático de asesinato masivo de personas", dijo Magán.
La entrega de documentación que tuvo lugar hoy la Audiencia Nacional de Madrid, se produce en cumplimiento del plazo fijado por Garzón a las organizaciones para que aporten toda la información que dispongan sobre el paradero de las víctimas y las circunstancias de sus desapariciones.
El magistrado está realizando las investigaciones preliminares antes de declararse si es competente o no para juzgar estos crímenes.
En el marco de estas actuaciones, Garzón pidió también a distintas instituciones del Estado y a la Iglesia católica que entreguen la documentación en su poder que permita "identificar o enumerar los casos de desaparición de personas a partir del 17 de julio de 1936 -día del levantamiento de Franco-, y que continúan hasta el día de hoy".
Sin embargo, la fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció en febrero de 2008 a favor del archivo de la causa impulsada por las asociaciones de Memoria Historia de España.
Según el Ministerio Público, con la Ley de Amnistía de 1977 quedaron extinguidas las responsabilidades penales, por lo que los crímenes ahora denunciados son delitos comunes que han prescripto.
A pesar de la postura de la fiscalía, Magán cree que "las decisiones judiciales adoptadas hasta el momento, permiten pensar que este proceso continuará, y de que no hay posibilidad de cerrar el camino judicial".
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