Abogados advierten que el plan oficial podría violar la intimidad de las personas

El proyecto está incluido en la lucha contra la inseguridad en respuesta del pedido de varias organizaciones que buscan reformas para frenar la ola de delincuencia.
El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, indicó tras conocerse el proyecto que la creación de un registro de celulares, por medio del cual se deberán reempadronar unos 30 millones de aparatos, es "una razón de seguridad" que busca "cerrar el circuito para que desaparezca el mercado negro" de los teléfonos móviles.

Entre los principales focos en los que sería de utilidad el registro es en situaciones, según afirmó el ministro "como intento de secuestros extorsivos, secuestros virtuales o situaciones de acciones delictivas en casas". Pero el debate se abre a la hora de aplicar los instrumentos del nuevo sistema, del cual se destaca la toma de huellas digitales por parte de empresas de telefonía celular.

Desde varios centros de estudios legales se afirmó a Infobae.com que hasta el momento "no se puede plantear una crítica concreta porque se debe esperar el proyecto en sí", pero adelantaron que ?se abrirá un fuerte debate sobre la tenencia de huellas digitales por parte de entes privados?.

El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans afirmó a Infobae.com que con esta ley, "se está llegando a un límite en donde lo constitucional parece estar dejado de lado".

El letrado destaca que se "intenta romper el derecho a la intimidad" con el decreto y que además "el sistema es fácil de burlar, por lo que no cumpliría con su función". "Como lo presentaron hasta el momento, cualquiera puede comprar un celular afuera y cambiar el chip, que también puede ser vendido de forma ilegal. Pero hay que esperar la ley".

Sin embargo, Monner Sans destaca que el punto crítico del decreto es que la información sea tomada y guardada por un ente privado, como son las compañías de telefonía celular. ?Lo que se quiere hacer está en línea con la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto se puede invadir la esfera privada?"

"Si se burla o no el sistema, aún no se sabe, pero hay que ver cómo afecta este registro al ámbito constitucional. Como ciudadano no sé si las huellas no son utilizadas para otros fines. Por eso, sólo deberían ser tenidas aquellos que detenten el orden público".

En la misma línea, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eugenio Burzaco del PRO explicó a Infobae.com que desde el Gobierno se tiene que asegurar "que el registro de datos estará en manos del Estado y no de cualquiera que quiera vender la información".

"Las huellas digitales deben ser tomadas por la empresa pero la información debe estar registrada en dominio estatal", asegura el legislador quien explicó que no se trata sólo de buscar preservar el derecho a la intimidad de cada persona sino de hacer "realmente" operativo el registro.

"En caso de un ilícito, el Estado, ya sea la Policía o el ministerio de Justicia de la Nación debe tener acceso a la información para ser útil a la hora de resolver un verdadero delito".
 
Frágil límite
El abogado Daniel Alberto Sabsay también fue crítico con respecto al decreto señalando que el proyecto no debería ser concretado por esa vía sino por medio de una ley. "Me sorprende que salga por decreto y no por medio del tratamiento del Congreso", agregó.

Asimismo el letrado subrayó que el decreto va directamente en contra de la norma fundamental: la Constitución. "El artículo 19 de la Constitución Nacional habla sobre la reserva de la intimidad de la persona, por lo que este es compulsivo y viola la garantía constitucional".

Sabsay señaló también como negativo el que las empresas accedan "a semejante caudal de información". "No están dados los controles necesarios para garantizarle a la gente que pueden dar sus datos sin ser perjudicados luego", agregó.

La ley de Habeas garantiza ?la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional?, por lo que en los próximos días, tras la firma del proyecto, se dejará constancia si el mismo es una verdadera herramienta contra el delito o afecta otros derechos.