Masacre de Trelew: piden la captura de un general

El juez federal Hugo Sastre firmó el pedido de captura para el general (R) Eduardo Ignacio Betti en el marco de la investigación por la llamada "masacre de Trelew" que se produjo en 1972 con el saldo de 16 militantes de izquierda muertos y tres gravemente heridos.

Cuando ocurrió la matanza, la zona fue declarada en emergencia y Betti fue designado como jefe del operativo militar, por lo que a él le respondían las fuerzas armadas y de seguridad acantonadas en las poblaciones del noreste de Chubut, entre ellos la base Almirante Zar de la armada.

La medida judicial fue tramitada por el fiscal federal Fernando Gelves y se espera que mañana sea tramitada para que la detención y traslado a esta dependencia del general retirado se efectivice desde la ciudad de Buenos Aires, donde el militar retirado tiene domicilio.

"Mañana saldría el pedido de captura para Betti" confirmó el secretario penal Mariano Miquelarena, quien reconoció que "su captura había sido pedida por el Secretario de Derechos Humanos (de la nación Eduardo Luis) Duhalde" que sobre principios de esta semana estuvo en el edificio del juzgado federal.

De concretarse la medida, Betti sería el primer detenido del Ejército, ya que hasta ahora los imputados en la causa pertenecen en su totalidad a la Armada, fuerza que recapturó en el aeropuerto viejo de Trelew a los presos políticos que se habían evadido del penal de Rawson y los trasladó a la base.

Justamente este trámite es el que involucra al general pues además de investigarse la matanza, los detenidos están acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada por incomunicación indebida de persona", lo cual se hizo con la detención en la base cumpliendo una orden que habría impartido Betti.

Así lo involucran los testimonio de los otros militares, que a la hora de responder por qué fueron llevados los presos recapturados el 15 de agosto de 1972 a la base y no a otro lugar, dicen que fue por expresas directivas del jefe del operativo de emergencia, en manos del general.

El pedido de captura de Betti revela que la causa está trepando en las jerarquías militares de la época, tal como lo adelantó Télam cuando se detuvo al jefe de operaciones navales con asiento en Puerto Belgrano y responsable de todas las bases del sur, entre ellas la "Almirante Zar".

Si bien la causa desdobla los delitos de la "privación de la libertad" con el "homicidio", queda en claro que los investigadores sospechan que la matanza y la detención en el aeropuerto una semana antes tienen una vinculación estrecha.

La teoría de las organizaciones de derechos humanos es que cuando se decidió alojarlos en la base, tras la rendición de los militantes de izquierda en el aeropuerto el 15 de agosto de 1972, ya estaba la decisión de acribillarlos.

La causa cuenta con cinco detenidos: el contralmirante (R) Horacio Mayorga (83), los capitanes (R) Rubén Norberto Paccagnini (83), Emilio Jorge Del Real (71), Luis Emilio Sosa (71); el ex cabo segundo (luego ascendido a primero) Carlos Amadeo Marandino (58).

Permanece prófugo el ex teniente Roberto Guillermo Bravo y se apresta a declarar en carácter de testimonial el Capitán de Navío (R) Jorge Enrique Bautista, quien fuera en su momento encomendado por la armada para hacer un sumario interno del que no quedó ningún antecedente.

Según fuentes judiciales a la que tuvo acceso Télam, Bautista había sido localizado en un hospital naval internado con problemas cardíacos, aunque el mismo militar retirado se comunicó con el juzgado de Rawson para manifestar su deseo de declarar.

"Es muy probable que Bautista esté llegando este fin de semana" reconoció la fuente consultada por esta agencia de noticias.

Además de "privación ilegítima de la libertad" los detenidos están acusados de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado en grado de tentativa (3 hechos)".

De todos los imputados en la causa con prisión preventiva en distintas comisarías de Rawson y Trelew, el único que no declaró es el capitán (R) Emilio Jorge Del Real, cuyo abogado presentó un pedido de prescripción de la causa por paso del tiempo sin acción penal.

Esto último será respondido por el fiscal federal Fernando Gelves, quien hoy reconoció a Télam que "estamos preparando un escrito rechazando el pedido de prescripción de la causa que se conocerá en breve porque para este ministerio público se está frente a un delito de lesa humanidad".