El proyecto ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados provincial y podría ser tratado dentro de los próximos quince días, se informó.
La iniciativa prohíbe la exportación de rollizos o chips entrerrianos sin previo procesamiento o una transformación que les genere un valor agregado.
La medida exceptúa de esta restricción a la madera que se destine a las plantas industriales de otros países, que prueben que el producto será procesado en el mismo establecimiento, y a las que se empleen para estacas y rodrigones.
El proyecto busca regular la producción de las 140.000 hectáreas de eucaliptus plantadas en Entre Ríos y, según su autor, el diputado radical Osvaldo Fernández, surgió de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que mantiene cortada desde hace 3 meses la ruta que vincula Fray Bentos con Puerto Unzué.
Fernández dijo que el proyecto busca que se consolide una política del estado provincial que permita incorporar valor agregado a la madera, a fin de generar fuentes de trabajo.
El legislador recalcó que la medida no afecta a ningún sector porque no limita la exportación de madera a otros países, siempre y cuando se asegure la industrialización de la madera vendida.
La norma contempla sanciones para los productores que no observen las disposiciones contenidas en la norma y establece medidas que irán desde decomiso, clausura temporaria o definitiva de los establecimientos forestales, comerciales o de transporte, y multas que oscilarán entre 5.000 y 50.000 litros de nafta súper.
En un documento difundido aquí, la Asociación Forestal Argentina insistió en que la denominada ley de la madera "puede afectar a 30.000 personas que dependen del sector forestal en Entre Ríos", con los consiguientes perjuicios para la sociedad y para las economías local y de la nación.
En el escrito, difundido hoy, los productores reconocen la importancia del conflicto con el Uruguay, pero denuncian que la norma "se atribuye derechos que sólo corresponden a la nación, como es el comercio exterior".
AFOA denuncia también que la iniciativa "vulnera la cuarta actividad productiva de Entre Ríos y pone en riesgo futuras inversiones en la provincia, como ya sucedió en la década de los '90".
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