El magistrado dictó la prisión preventiva contra María Estela Martínez, viuda de Perón, y solicitó su detención a la Justicia de España, para acelerar los trámites procesales para la extradición de la ex mandataria peronista.
El pedido de Oyarbide se encuadra dentro de la investigación que está llevando a cabo por los crímenes cometidos por la organización Triple A, durante la década del ´70.
El juez también le dictó la prisión preventiva al ex jefe de ese grupo de tareas, Roberto Almirón, guardaespaldas de José López Rega, "con la exclusiva finalidad de lograr su extradición".
Oyarbide dispuso la preventiva de Juan Ramón Morales y de Miguel Ángel Rovira, también jefes operativos de la Triple A, a quienes ya había indagado y a quienes les trabó un embargo de 500 mil pesos respectivamente.
Oyarbide acusó a la ex presidente Isabel Martínez de Perón de permitir que la Triple A continuara actuando "al amparo de la estructura gubernamental" y con los elementos y "armas que el Estado le otorgaba". Para el juez, prestó una "colaboración esencial" y sin su cooperación los hechos no hubieran podido cometerse, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.com.
"Existen una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex presidente estaba en conocimiento de la situación y que pese a su posición, no articuló los recursos con los que contaba por su condición para evitar que la agrupación continúe con su accionar delictivo, o que ?por lo menos- no lo haga desde las estructuras del Estado ni con los medios que el Estado proveía para la seguridad", dice la resolución.
Oyarbide aclaró que no le imputó a Isabel haber pertenecido a la Triple A ni haber cometido los crímenes que se le atribuyen a dicha agrupación criminal, "De hecho no existe ninguna prueba directa en el sumario que ?al menos hasta el momento- permita formular tal imputación", puntualizó el juez.
El magistrado recordó que en la causa hay testimonios que afirmaron que "en reuniones de gabinete se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados".
"Si ante el conocimiento de todas estas circunstancias, la imputada permitió que la agrupación criminal o quiza con más propiedad, su líder (López Rega) continuara actuando desde donde lo hacía, al amparo de la estructura gubernamental y con elementos que el propio Estado le otorgaba para su custodia ?armas, equipos de comunicación, móviles, etc,- no es irrazonable sospechar que contaba al menos con su consentimiento para la realización de sus actos y que lo mantenía en esa posición, desde donde la agrupación terrorista podía ir cumpliendo con sus finalidad, la eliminación de las personas de determinada ideología o desafectas al Ministerio de Bienestar Social".
También recordó que Isabel le facilitó la salida del país a López Rega designandolo embajador ante los Estados Europeos, en lugar de someterlo frente a la jurisdicción de los jueces.
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