Las multas fotográficas siguen suspendidas en Buenos Aires

La Cámara de Senadores bonaerense otorgó media sanción a un proyecto de ley que prorroga por 240 días la suspensión en todo el territorio provincial de la utilización de radares en las rutas y autopistas.

La prohibición abarca, según el proyecto avalado por la cámara alta, además de los radares, "todo otro sistema de detección y/o comprobación, automática o semiautomática, fotográfico o no, manual o no, de infracciones de tránsito por exceso de velocidad".

Estos sistemas habían sido suspendidos hace ocho años a través de la ley 13412 que sistemáticamente fue prorrogada por la Legislatura a la espera de ser reemplazada por otra normativa.

La última de estas prórrogas data de octubre pasado cuando fue extendida por tres meses.
Días atrás, el gobernador Felipe Solá anticipó su intensión de reformar el Código de Tránsito bonaerense, autorizando la instalación de sistemas de este tipo, proyecto que dijo, prevé multas de entre 200 y 2.000 pesos -de acuerdo con la gravedad de la falta- para los conductores que excedan los límites de velocidad permitidos en calles, rutas y autopistas de la provincia.

Esta iniciativa contempla que las multas por infracciones a los límites de velocidad cometidas en rutas nacionales y provinciales sean para el Gobierno bonaerense y las aplicadas dentro de los pueblos para las administraciones municipales.

La prorroga que deberá ser sometida a consideración de la Cámara de Diputados, es impulsada por el presidente del bloque de senadores de la UCR, Jesús Porrúa quien considera ? necesario realizar un profundo análisis de la situación generada por los llamados controles de velocidad de los automotores que circulan por las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de evitar los innumerables abusos que se cometen en nombre de la prevención de accidentes?.

En ese orden, el legislador expresó ?resulta indispensable instrumentar un sistema que priorice la búsqueda de la seguridad del tránsito, por encima del logro de la recaudación a través de los ciudadanos bonaerenses?. ?La detección fotográfica no impide el riesgo inmediato? ? explicó Porrúa - ya que no existe el control que corrija la conducta del automovilista al momento de la infracción, lo cual constituye un ejemplo más de la ausencia de una política de seguridad vial de parte del estado provincial ? y agregó ?este control por si solo no implica la solución para los accidentes viales ya que las rutas, por el estado de deterioro en que se encuentra la mayoría, son el principal factor de riesgo?.

 El proyecto contó con el voto positivo de los bloque del PJ y del FpV encabezados por Federico Scarabino y Osvaldo Goicoechea respectivamente.

Finalmente Porrúa recordó que ? el Poder Ejecutivo Provincial aún sigue habilitado por la vigencia del artículo 3º de la ley 13412 para instrumentar un sistema de control de la velocidad que asegure los derechos y garantías constitucionales de los presuntos infractores y que guarde armonía con los límites de velocidad existentes en las restantes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las rutas, caminos y autopistas de sus respectivas jurisdicciones, lo cual no ha efectuado hasta el presente ?.