El gobernador riojano Angel Maza participó anoche de una reunión de trabajo con el jefe de gabinete Alberto Fernández, la ministro de Economia, Felisa Miceli, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, para seguir avanzando en la normalización del proceso de quiebra judicial de la curtiembre Yoma, informaron fuentes del gobierno provincial.
Allí se acordaron tres cuestiones básicas: destrabar aspectos jurídicos para favorecer la salida de la fábrica del concurso de acreedores, otorgar beneficios fiscales a los nuevos inversores y garantizar la continuidad de las fuentes de empleo.
Así lo informó el gobernador Maza esta mañana a la prensa local. "Esperamos que con esta reunión, en donde estuvo representada la Nación, la provincia y el municipio, se pueda preservar la continuidad económica de la empresa y mantener todas las fuentes de trabajo", sostuvo el mandatario.
Maza, quien además calificó al encuentro de "valioso, por los funcionarios nacionales que asistieron", explicó que se trabajó para "dar un mayor impulso a la actividad económica de la empresa, tratando de sortear o eliminar aspectos operativos propios del proceso judicial".
Además, allí se convino que las empresas que finalmente resulten favorecidas en el marco del proceso de cram-down iniciado y que estará resuelto durante el primer trimestre del año entrante, según se adelanta, gozarán de los beneficios impositivos que originalmente tenía el grupo Yoma, propietario de la curtiembre.
Es decir que la empresa que se haga cargo de la planta de Nonogasta e invierta en la curtiembre, recibirá los beneficios de la promoción industrial no aprovechados por el grupo Yoma.
"Nuestra principal preocupación es que el grupo inversor que se haga cargo del salvataje de la compañía pueda contar con los elementos y las herramientas imprescindibles para garantizar la continuidad de la mayor cantidad de fuentes de empleo posibles", dijo el gobernador.
La empresa tiene actualmente más de 1.200 empleados, pero sólo la tercera parte trabaja normalmente. En turnos rotativos las dos terceras partes sufre procesos de suspensión por falta de materia prima y problemas en la cadena de comercialización y producción derivados de la etapa concursal que atraviesa.
El concurso de acreedores está en manos de la Cámara Civil y Comercial de Chilecito, que administra un proceso de cram-down que estaría resolviéndose en el primer trimestre del año próximo. Los principales acreedores de la empresa son los Bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y la AFIP.
Hasta ahora, hay dos grupos inversores interesados en quedarse con la empresa. Uno de ellos es el frigorífico santafesino Matievich.
"Nos vamos de aquí con el compromiso político asumido en pleno por las autoridades nacionales, que están contribuyendo para garantizar la continuidad de la fuente de trabajo, que es nuestro mayor objetivo", consideró Maza finalmente.
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