Los acusados por la denominada "mafia del oro" comenzaron a ser juzgados por el delito de contrabando agravado en la causa en la que se investigaron maniobras con las exportaciones de oro y reintegros irregulares de impuestos aduaneros que habrían ocasionado un perjuicio al Estado por 200.000 millones de pesos entre 1993 y 1995.
El juicio oral se desarrolla en estos días en los tribunales de Comodoro Py 2000 a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE 1) y el principal acusado sentado en el banquillo es quien en aquel momento era el presidente de Casa Piana, Enrique Piana, que estuvo detenido en los Estados Unidos antes de quedar preso en Argentina.
Piana afronta el juicio en libertad, pero en caso de ser condenado por contrabando agravado podría recibir una pena que va hasta los 10 años de prisión.
Según se supo hoy en Tribunales, el juicio comenzó en un absoluto secreto la semana pasada y para el viernes están previstos los alegatos de la fiscalía y las defensas, por lo que se estima que la semana próxima se conocerá el veredicto final.
También son juzgados el vicepresidente de la misma Miguel Seligman, otro empleado jerárquico de la firma Martín Suarez Anzorena y el despachante de aduana Mario Grinspun.
Se trata de la causa que llevó adelante el juez del fuero Jorge Brugo, ya que existe otra investigación abierta en el fuero federal a cargo de Jorge Ballestero en la que se juzgará la responsabilidad de funcionarios públicos y una millonaria defraudación a la DGI.
En la causa de Brugo llegaron a estar implicados el ex ministro de Economía Domingo Cavallo; su ex segundo Carlos Sánchez; y el ex director de Aduanas Gustavo Parino.
A Cavallo se lo involucró por haber dictado la resolución con la que se benefició a las empresas que exportaran oro y que se beneficiaron con reintegros irregulares.
La justicia de los Estados Unidos también abrió una causa por estas maniobras ya que el oro exportado desde la Argentina ingresó a aquél país violando las leyes locales de importación.
En nuestro país, la causa del oro está dividida en dos, la de Brugo por contrabando y la de Ballestero que investiga la otra parte de la maniobra con la exportación de oro, las irregularidades con los reintegros de IVA, que significaron una defraudación a la DGI por 20 millones de pesos.
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