(EFE) - El abogado de Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años que sufre distrofia muscular progresiva y que pidió públicamente la eutanasia, y la Asociación Derecho a Morir Dignamente se reunieron ayer en el Hospital San Rafael de Granada, donde está ingresada la paciente.
El presidente de la Asociación 'Derecho a Morir Dignamente' (DMD), Fernando Marín, que se reunió ayer en Granada con Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años que sufre distrofia muscular progresiva e irreversible, afirmó que remitirá al representante legal de la enferma la propuesta de retirada del ventilador mecánico que le permite respirar y continuar con vida desde hace nueve años.
Marín explicó que tras conocer de primera mano el objetivo de Inmaculada, dada la grave situación que la condena de por vida, ésta pidió de "manera inequívoca" que la desenchufen de la máquina que "prolonga la situación de deterioro" físico en la que se encuentra desde hace años, si bien está en plenas facultades mentales.
Por ello, la Asociación remitirá mañana la petición al abogado de la paciente, Ignacio Fernández, que lo comunicará al Hospital de San Rafael, donde permanece ingresada la mujer, que someterá la decisión "al dictamen de biomédica".
En el caso de que la respuesta sea negativa, manifestó el presidente de DMD, se solicitará a la Junta el traslado de la paciente a un hospital público para llevar a cabo la retirada del respirador, "opción terapéutica contemplada por ley para cualquier ciudadano", precisó.
Según dijo, "no se trata de eutanasia" ya que lo solicita la paciente es una "limitación del esfuerzo terapéutico" considerado una buena práctica médica no tipificada en el Código Penal, porque la causa "necesaria y directa" del fallecimiento no es la suspensión del tratamiento, sino el proceso de enfermedad grave e irreversible, debiéndose llevar a cabo con las garantías asistenciales propias del sistema público de salud.
La ventilación mecánica, la alimentación artificial o cualquier otra medida de soporte vital "exige del consentimiento del paciente, pudiendo éste rechazarlas si es ésta su voluntad y conoce las consecuencias de su decisión", precisó.
Así, una vez sea autorizada la petición, se procederá a desenchufar la máquina "previa sedación" lo que no implica que sea eutanasia, reiteró, ya cualquier médico de paliativos podría sedar sin mayor problema a Inmaculada.
Sin embargo, Marín advirtió a la enferma, que desde hace más de 30 años está postrada en un cama, que el "proceso administrativo" puede llevar meses, por lo que le pidió paciencia ante la petición que aseguró será atendida.
Aunque el abogado tenía previsto presentar el pasado viernes un documento formal en el que exponía y solicitaba las pretensiones de su cliente, finalmente, decidió posponer esta petición.
El representante de Inmaculada dijo en varias ocasiones que pedirá que la mujer pueda ser desconectada del ventilador, aunque, precisó, serán instancias médicas las que tengan que decidir si se le aplica un anestésico o sedación para evitar el dolor que ello le produciría.
El inicio de los trámites pasaría por la apertura de un expediente dentro del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, dependiente del gobierno autonómico, que permite a los ciudadanos decidir la asistencia sanitaria y tratamiento que quieren recibir si sufren una situación en la que no puedan expresar su voluntad.
Por su parte, un portavoz del Hospital San Rafael de Granada, un centro de confesión católica, con gestión privada sin ánimo de lucro, señaló que, una vez presentada la petición, tendrán que estudiarla con detenimiento para darle trámite, teniendo en cuenta además que se trata de una situación "nunca antes planteada".
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