El Auditor General del Poder Judicial de Río Negro, Gustavo Martínez, inició la investigación de la actuación del juez de Villa Regina, Alberto Cariatore, que usó la brigada policial antimotines para sacar a dos niños de su casa materna y entregárselos al padre.
"Apenas tuve conocimiento del hecho por los medios periodísticos inició la investigación de oficio y después recibió las denuncias formales de la defensora del Pueblo, Nilda Belloso y de varios diputados provinciales", informó el funcionario judicial.
Martínez añadió que "a la investigación preliminar a cargo de esta Auditoria se suma la que realiza un fiscal de Villa Regina, quien recibió la denuncia de la propia damnificada, la madre de los menores, sobre un supuesto exceso de violencia en el procedimiento".
El funcionario precisó que "las actuaciones se desarrollan con la mayor celeridad y estamos en la etapa de reunir todos los antecedentes del caso, para lo cual conversó con la madre y requerí informes a la policía y a la justicia de La Pampa".
Martínez manifestó además que aún no se le requirió declaración al juez Cariatore y estimó que ello ocurrirá en los primeros días de la semana próxima.
El resultado de la investigación del Auditor General será elevado al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, quien es también titular del Consejo de la Magistratura, organismo que puede sancionar e incluso iniciar juicio político a un magistrado por su mal desempeño en la función.
El juez Cariatore ordenó la intervención de la brigada especial antimotines de la policía rionegrina (Bora) el viernes pasado a la cinco de la madrugada, para que irrumpiera en el domicilio de Karina Santini y tomara por la fuerza a dos niños, de nueve y cuatro años, que debían ser entregados a su padre por orden de un juzgado de Santa Rosa.
"Fue horrible, estábamos durmiendo y nos despertamos con una explosión en la puerta del garage, el nene más chico saltó de su cama y se encontró con los hombres del Bora, encapuchados, exhibiendo armas largas", recordó la madre.
El magistrado le dijo a la mujer que el inusual procedimiento se justificó "por el alto riesgo de los nenes, porque mi papá lo había amenazado de muerte (al juez) y por el peligro de que me fuera de Regina llevándome a los chicos".
La madre asegura que la tenencia legal de sus hijos le fue concedida por el juez Ulises Camperi, de General Roca, cuando dictó sentencia de divorcio en 2004 y que su ex marido se valió de una certificación, que ella firmó de buena fe para que pudiera cobrar la asignación familiar, para justificar una supuesta tenencia.
El caso tuvo amplia repercusión en Villa Regina, donde los vecinos se movilizaron en dos marchas de apoyo a la mujer y su familia y que motivó una declaración de repudio por parte del Concejo Deliberante local.
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