Aníbal Ibarra deberá afrontar el juicio político y anunció que no renunciará

El suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, anunció anoche en conferencia de prensa que "no renunciará" y que afrontará así el juicio político que decidió la Legislatura porteña por su actuación durante la tragedia de República Cromañón, donde murieron 194 personas.

"Esto no significa una destitución. Es la apertura de un juicio político. No voy a renunciar y voy a seguir buscando la verdad de la tragedia", señaló Ibarra ante los medios que se encontraban en el palacio municipal.

El suspendido jefe de Gobierno aclaró que no está destituido sino "suspendido", y afirmó, tras conocerse la decisión de la Legislatura porteña: "No voy a renunciar".

En una conferencia de prensa realizada poco después de conocida la decisión de someterlo a juicio político por su responsabilidad en la tragedia de Cromañón, Ibarra aseguró que "se ha perdido una gran oportunidad, porque no se puede alcanzar la justicia sobre la revancha política".

En ese sentido, cargó contra la oposición por acusarlo "sobre la manipulación y el oportunismo", y señaló que "en la sustancia fue una parodia de juicio político".

En su alocución en la sede de Gobierno porteño, Ibarra también criticó a sus opositores por haber cimentado la acusación "exacerbando el dolor", cuando, a su entender, "fueron indiferentes a situaciones de violencia del Proceso, donde uno de los componentes fue también el miedo".

En tanto, Ibarra agregó que el juicio político "se monta sobre la tragedia y el dolor de muchísima gente".

El dirigente dedicó un párrafo "a aquellos padres y familiares que concentran su dolor y su bronca sobre mi persona" a quienes les dijo que él también sentía "un dolor muy grande, que va a seguir siéndolo siempre", a la vez que consideró "que compartimos la misma necesidad de búsqueda de justicia. Pero hay mucho sendero por recorrer. Yo voy a seguir transitando ese sendero".

Por otra parte, Ibarra aseguró: "Quiero se respetuoso de las instituciones", al tiempo que subrayó: "Voy a seguir defendiendo el mandato de la sociedad, no por una cuestión personal".

En lo que manifestó como una suerte de "continuidad institucional" a través de la asunción del vicejefe de Gobierno Jorge Telerman como nuevo titular del Ejecutivo porteño, Ibarra sostuvo que "mi gobierno va a seguir trabajando en situaciones difíciles, sin ninguna duda, pero va a seguir trabajando porque es su vocación".

El jefe de Gobierno tuvo un grave revés en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde 30 diputados votaron a favor de la medida que supone, en principio, la suspensión de sus funciones hasta tanto la comisión juzgadora se expida sobre su actuación en la tragedia del 30 de diciembre de 2004.
 
Los legisladores ahora tendrán cuatro meses para pronunciarse. Jorge Telerman debe asumir al frente de la Ciudad por ser el vicejefe comunal y en caso de que no aceptara continuar con la actual administración haría falta, según la Constitución local, una ley especial para resolver la acefalía.

Cómo sigue el futuro de la Ciudad

Para que Aníbal Ibarra sea removido de su cargo como consecuencia del juicio político, primero debe ser aprobada una condena por la mayoría, es decir, por dos tercios de miembros de la Sala Acusadora, y "tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años".

De acuerdo con normas de acefalía, el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, "tiene como función sustituir al gobernador" y completar su mandato. "Porque son una fórmula, son elegidos juntos y con la misma cantidad de sufragios", explicó a Infobae.com el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

Esto significa, según el articulo 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que: "Si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses
siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no
puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos". Ibarra, en este caso, volvería a asumir su cargo.

Pero habrá que ver si el vicejefe de Gobierno está en condiciones o disposición de asumir la carga política impuesta. La Constitución de la Ciudad no tiene una reglamentación que prevea el caso de que el vicejefe no quiera asumir el cargo del funcionario suspendido. Por lo que deberá ser dictada "una ley especial, que reglamentará la acefalía del Poder Ejecutivo en caso de vacancia de ambos cargos", detalla la Constitución al respecto.