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(EFE).-

Opositores del presidente venezolano, Hugo Chávez, realizaron cacerolazos de protesta en calles y plazas de Caracas, contra ''el régimen dictatorial'' y contra la reforma agraria que realiza el gobierno.



Al tiempo que el gobierno de ese país insiste en su guerra contra el latifundio, una encuesta reveló que la mayoría de los venezolanos está a favor de la propiedad privada y el 53% no se considera oficialista ni opositor.



Sectores empresariales y de oposición insisten en la "inconstitucionalidad" de las recientes intervenciones de tierras y empresas "improductivas y baldías".



El presidente venezolano, Hugo Chávez, había anunciado el domingo la creación de una empresa estatal de "genética productiva" en una de las cuatro fincas recientemente intervenida por el Gobierno.



Advirtió que "va a acabar" con la tierra ociosa y exhortó a los "latifundistas a aceptar" esa "realidad y cooperar" con el Gobierno o, de lo contrario, se les aplicará todo el peso de la Ley de Tierras.



Paralelamente, decenas de opositores se reunieron en algunas calles y plazas del este de Caracas para tocar cacerolas en rechazo a la reforma agraria, y la Asociación de Ganaderos repudió la creación de la empresa pública en una de las finca intervenidas.



El nuevo Centro Genético Productivo Florentino, estatal, funcionará en el hato "La Marqueseña", una finca de 8.490 hectáreas intervenida, hace dos semanas, por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).



El organismo intervino "La Marqueseña" porque los dueños no demostraron la titularidad de la propiedad, dijo Chávez al asegurar que esas "tierras son del Estado".



La Ley venezolana establece que la "cadena titulativa" de las tierras se remonta a 1821, cuando la naciente República exigió a los propietarios volver a registrar sus terrenos, recordó Chávez.



Precisó que ofrecerá a los "supuestos dueños de 'La Marqueseña' poco más de 1.500 hectáreas de la mejores tierras" de la finca como demostración de que su gobierno "no tiene intención de atropellar a nadie", sino de "recuperar los bienes estratégicos del Estado para impulsar el desarrollo nacional".



El propietario de la finca, Carlos Azpurua, insistió en que posee documentos que lo acreditan como tal, aunque reveló que "negocia" con el Ejecutivo un acuerdo "aceptable, que conlleve a un mayor desarrollo de la región y mayores garantías para los empresarios".



Cerca de 7 mil hectáreas de la "La Marqueseña" se repartirán entre unas 80 familias de campesinos y el Centro Genético, que desarrollará un plan de mejora del ganado lechero, según explicó el gobernante.



La lucha contra la tierra improductiva busca desarrollar el abandonado campo de Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, y acabar con la dependencia alimentaria del país, que importa el 80 por ciento de la comida que consume, agregó.



Pero los gremios empresariales insistieron el domingo en que las medidas de intervención y expropiación de tierras e industrias son "ilegales e inconstitucionales" y sostuvieron que batallarán judicialmente contra el Gobierno.



El presidente de la Asociación de Ganaderos, Dante de Filippo, manifestó el desacuerdo del gremio con la creación de una empresa estatal en "La Marqueseña", y afirmó que seguirá actuando "legalmente" contra las medidas oficiales de intervención.



En Venezuela existen 21 latifundios que abarcan 612.289 hectáreas, según datos del INTI, que ha anunciado la intervención de al menos 50 mil hectáreas de tierras sólo en el estado de Barinas (centro-occidente), la región natal de Chávez.



Además de las haciendas, el Gobierno intervino en las últimas semanas al menos tres industrias "ociosas o semiproductivas" que pretende expropiar para entregarlas a grupos organizados de trabajadores que las reactivarían bajo la figura de la "cogestión".



El ministerios de Agricultura y Tierras y el de Industrias Ligeras y Comercios realizan un "censo industrial" para determinar cuántas empresas se encuentran inactivas o semiparalizadas en el país, que estará listo en octubre, según datos oficiales.



Las Constitución garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación "por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización".



La Asamblea Nacional, de 165 miembros, actualmente dominada por el oficialismo, debe declarar el bien como de utilidad pública para que se pueda proceder a la expropiación.