La Justicia rechazó la prescripción de la causa por el pago de 21 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno menemista por parte de la empresa IBM para adjudicarse la informatización del Banco Nación y dispuso que 16 acusados sean sometidos a juicio oral.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 3, que rechazó planteos de ocho acusados, entre ellos el ex presidente de la entidad, Mario Dadone, y el ex directivo de la firma informática, Gustavo Soriani, que pretendían el cierre de la causa judicial, informaron a Télam fuentes judiciales.
El principal argumento para rechazar el archivo de la investigación fue que uno de los acusados, el ex gerente de sistemas del Nación Héctor March, continuó desempeñando cargos públicos, lo que hizo que el delito atribuído siguiera vigente hasta que dejó la función.
Los camaristas hicieron mención al artículo 67 del Código Penal, que señala que "la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público".
Fuentes judiciales explicaron a Télam que "la situación de March arrastró a juicio a todos los imputados", aunque la decisión puede ser apelada ante la Cámara de Casación Penal, donde hay distintos criterios sobre si un fallo de esta naturaleza corresponde o no ser revisado.
Además de Dadone, Soriani y March, habían pedido el archivo de la causa Roberto Oneto, de la firma Deloitte; Juan García del Río y Alejandro De Lellis, de CCR; Luis Alberto Manfredi y Federico Zwirner, de ITSA; y Ricardo Héctor García.
García es el único que evitará ir a juicio, ya que estaba acusado de un delito menor (encubrimiento) y los jueces entendieron que prescribió.
Una vez que la resolución quede firme, los camaristas Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo abrirán la etapa de apertura a prueba, por lo que el juicio oral podría realizarse a fines del año próximo.
El expediente se abrió en 1994, luego de que se denunciara que la empresa IBM pagó 21 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno menemista para lograr la adjudicación de la informatización de 525 sucursales del Banco Nación, plan conocido como Proyecto Centenario.
El caso estuvo en manos del ex juez Adolfo Bagnasco, luego pasó a Jorge Urso, quien demoró durante años su trámite, y finalmente llegó a la última instancia por impulso de uno de los nuevos jueces federales, Guillermo Montenegro.
Cuando pidió la elevación a juicio, el fiscal Carlos Cearras dio por probado que hubo una "maquinación" y pago de sobornos para adjudicar a IBM Argentina el contrato, por el cual se pagaron 250 millones de dólares, el doble del valor real de la prestación.
También se realizaron contrataciones directas, pero todo terminó con un "estrepitoso fracaso, una escandalosa pérdida y sin obtener la tan ansiada modernización" del Banco, acusó el fiscal.
Entre los imputados, están los ex directivos del Banco Nación Aldo y Mario Dadone, Alfredo Aldaco, Genaro Contartese y Hugo Gaggero, quienes están procesados por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo".
También irán a juicio el ex presidente de IBM Argentina Ricardo Martorana y el ex subsecretario general de la Presidencia y ex segundo de Alberto Kohan, Juan Carlos Cattáneo, acusado del mismo delito y de cohecho activo, ya que se cree que usó su influencia y recibió sobornos para direccionar la licitación.
También dirigió el contrato hacia otras empresas proveedoras con las que tenía relación, entre ellas Consad, a cargo de su hermano Marcelo Cattáneo, quien apareció ahorcado en un predio de Ciudad Universitaria en plena investigación del ilícito, en 1998, con un recorte de diario en la boca en el que se lo vinculaba al caso.
Según la acusación, Cattáneo intermedió con un directivo de IBM que también irá a juicio, Gustavo Soriani, para incluir a Consad en el proyecto y también a CCR, una empresa de su cuñado Alejandro De Lellis, quien está acusado por los mismos delitos que su pariente.
Para la Justicia, CCR fue usada como puente de la "ruta del dinero" de toda la operación, los 21 millones de dólares que se pagaron como "sobornos" y que aparecían facturados por esta empresa que no ofreció servicio alguno.
Parte de este dinero se encontró en cuentas bancarias suizas de los ex directivos del Nación o testaferros y cinco millones de dólares fueron repatriados.
Lo que aún falta determinar es el destino del resto del dinero -se cree que fue transferido al exterior- y el rol en la maniobra de la casa matriz de IBM en Estados Unidos y del Banco General de Negocios (BGN), de los hermanos Carlos y José Rohm, éste último prófugo desde hace años.
El ex juez Bagnasco intentó extraditar a la Argentina a dos directivos de la empresa informática, Steven Lew y Peter Rowley, pero la Justicia estadounidense se negó.
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