(EFE).- El presidente del Congreso de Bolivia, Hormando Vaca Díez, promulgó ayer la nueva ley petrolera del país, discutida durante más de diez meses, pero matizó que lo hacía para no alimentar más el clima de incertidumbre que vive el país.
Vaca Díez firmó la normativa en una sesión del pleno del Congreso, cuatro horas después de que venciera el plazo que tuvo el presidente de la nación, Carlos Mesa, para presentar sus observaciones.
Mesa no vetó ni observó la ley pasados diez días de su sanción por el Parlamento, por lo cual, según establece la Constitución, el texto debía regresar al poder legislativo para su promulgación.
El presidente "no jugó limpio" con el Congreso, afirmó Vaca. La ley, que impone un incremento impositivo a las petroleras y aumenta la intervención del Estado en el negocio petrolero, sustituye a la que estuvo vigente desde 1996, por la cual se firmaron los actuales contratos con las trasnacionales.
Antes de estampar su firma, Vaca Díez dijo que lo hacía para no aumentar el clima de incertidumbre creado por el silencio que mantuvo el presidente Mesa durante los diez días transcurridos desde que recibió el texto ahora promulgado y también porque esta ley es "mejor que la actual".
"¿Por qué (el mandatario) nos condujo a un punto de crisis, estallido e incertidumbre?", en una situación que "no se merece el pueblo boliviano", se preguntó Vaca, senador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Desde el lunes pasado, varios sindicatos están movilizados y han bloqueado las carreteras de la zona occidental boliviana en demanda de la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos del país.
Inmediatamente después de la promulgación de la reforma petrolera, el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que presentará un proyecto para modificar algunos artículos de la nueva ley.
El líder del MAS y de los campesinos productores de coca, Evo Morales, dijo que su movimiento busca convertir en norma legal los resultados del referéndum de julio del aÑo pasado, cuando la población boliviana votó mayoritariamente a favor de la recuperación del gas natural y el petróleo.
Durante el debate de la Ley de Hidrocarburos, las autoridades se opusieron a varias secciones con el argumento de que, en caso de aprobarse, el país correría el riesgo de perder las inversiones extranjeras y de ser demandado ante tribunales internacionales.
Las empresas petroleras que operan en Bolivia han anticipado sus objeciones a la reforma pero han indicado que harán sus observaciones precisas tras conocer el texto definitivo.