Gobierno argentino analiza sancionar a la Shell y Esso

El Gobierno de Argentina estudiaba este sábado sancionar a las petroleras extranjeras Shell, Esso y Sol Petróleo por considerar injustificados los aumentos de precios en los combustibles, informó el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

"Se están analizando todas las medidas necesarias a los efectos de tener las sanciones que requiere una actitud de esta naturaleza", dijo De Vido este sábado.
Las tres empresas, que abastecen juntas un tercio del consumo argentino de gasolina, no fueron acompañadas en su decisión por la española Repsol-YPF, principal petrolera del país con 50% del mercado, ni por la estatal brasileña Petrobras.

"No hemos analizado ni tenemos previsto hacer un ajuste en los precios. No hemos evaluado esa posibilidad", dijo el director de Relaciones Externas de Repsol YPF, Fabián Falco, a la agencia local DYN.

La anglo-holandesa Shell anunció el miércoles pasado su decisión de subir los precios entre 2 y 4%, lo que fue duramente rechazado por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que personalmente llamó a los consumidores a boicotear los productos de la firma.

Unas treinta gasolineras de las 930 que posee Shell fueron desde entonces objeto de protestas por parte de grupos de piqueteros (desocupados y pobres que bloquean rutas) y consumidores, en sintonía con el llamado de Kirchner.

Pese a la protestas, el viernes Esso -subsidiaria de la estadounidense Exxon- anunció aumentos similares, por lo que se esperaba este sábado que las manifestaciones se extendieran a las bocas de expendio de esa compañía.

En tanto, Sol Petróleo, propiedad de la estatal uruguaya ANCAP, no informó todavía de algún aumento, pero el cambio de precios fue revelado por propietarios de gasolineras que distribuyen sus combustibles, según el diario Clarín.

El diputado oficialista y dirigente piquetero Luis D'Elía consideró probable que los actos de protesta en los centros de venta de combustible sean extendidos en los próximos días. "No lo descartamos, en absoluto", aseveró el líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV).

"Los argentinos tienen que tomar conciencia de que si hay una escalada inflacionaria producto del aumento a los combustibles, estaríamos ante una operación a la que podríamos denominar golpe de mercado", añadió.

El ministro De Vido dijo que las eventuales sanciones "se están analizando en el área de Defensa de la Competencia del ministerio de Economía", pero no precisó para cuándo se espera una decisión.

De Vido criticó también al presidente de la filial argentina de Shell, Juan José Aranguren, quien el viernes defendió el aumento de precios debido a "la suba del petróleo internacional y a la necesidad de importar gasoil".

Según el ministro, el argumento empresarial "es una falacia absoluta", y acusó a esa compañía de capitales anglo-holandeses de buscar "generar un esquema de posición dominante".

La decisión presidencial de convocar al boicot y el accionar de los piqueteros en las estaciones de combustible fueron criticadas desde la derecha del espectro político, por el presidente de Compromiso por el Cambio y del club Boca Juniors, el empresario Mauricio Macri.

"Es inaceptable que el Presidente tenga su guardia pretoriana, su ejército de ocupación, su fuerza de choque personal para hacer boicot", dijo Macri en una declaración escrita distribuida el sábado.

"El presidente Kirchner cree que los argentinos no sabemos elegir cuando compramos y que el Gobierno es el que debe decirnos a quién comprarle", cuestionó el empresario.

Conflicto refleja temor a inflación

El voltaje alcanzado por el enfrentamiento del presidente Néstor Kirchner con las compañías petroleras que aumentaron precios internos en Argentina, refleja la alta sensibilidad del gobierno al riesgo de que, en un año electoral, la inflación complique una economía que crece y genera empleo.

La preocupación del gobierno argentino por un cierto repunte de los precios apareció a principios de este mes, cuando las estadísticas de febrero mostraron un alza promedio de 1% y un aumento acumulado de 2,5% para el primer bimestre.

Esos datos implican una aceleración respecto del 6,1% registrado en todo 2004, y el riesgo de un desborde de la previsión oficial de 7 a 10,5% para 2005, año de la primera prueba electoral de las autoridades que asumieron el 25 de mayo de 2003, con una renovación parcial del Congreso en octubre.

Un aumento importante de precios sería una mala noticia no solo para los consumidores/votantes, sino también para las finanzas públicas pues, tras la reestructuración de la deuda soberana, Argentina tiene 37% de sus obligaciones totales por 125.000 millones de dólares documentadas en pesos y ajustables por inflación.

El tema pasó a primer plano político el miércoles pasado, cuando se conoció el encarecimiento de la carne, principal componente de la canasta alimentaria argentina, y luego el ajuste de Shell que, de trasladarse a todo el sector combustibles, impactaría en el transporte y en la producción agrícola.

La respuesta más visible del gobierno fue la arremetida de Kirchner contra los empresarios que dispusieron esos incrementos, en especial con la petrolera, pero no fue la única.

La directora de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, convocó a empresarios del sector alimentario para pedir explicaciones, y citó con idéntico propósito para esta semana a productores de hojalata y envases de plástico y a proveedores de vidrio y papel.

Pero la reacción oficial también tiene un frente económico, cuyas acciones fueron delineadas en una reunión que aquel miércoles por la noche sostuvo Kirchner con el ministro del área, Roberto Lavagna.