El Gobierno nacional pidió al Congreso que extienda hasta el 31 de diciembre de 2005 la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, que otorga facultades especiales para negociar contratos, tarifas, entre otras.
El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el proyecto de ley, durante una reunión celebrada ayer en Casa Rosada junto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, se informó oficialmente.
El Poder Ejecutivo solicitó una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica, por el cuál el Congreso le delega facultades especiales, bajo el argumento de "la subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan", y por ello procura asegurar un marco de sustentabilidad interna.
En el proyecto elevado al Parlamento, la administración nacional destaca la mejora que muestran los indicadores económicos, y advierte que la tendencia "continuará en el tiempo como consecuencia del manejo responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas acordadas, acompañado por el esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía toda".
La Ley de Emergencia Económica 25.561 fue sancionada durante la gestión de Eduardo Duhalde, tras la crisis del 2001 y la salida del régimen de Convertibilidad.
La norma dio el contexto para que el Gobierno pudiera eliminar el mecanismo de ajuste automático de las tarifas de los servicios públicos y cualquier fórmula de indexación, y tuviera la facultad para renegociar los contratos con las empresas licenciatarias de tales servicios privatizados.
En esta nueva prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo -la segunda consecutiva-, se reclama además al Congreso que ratifique la vigencia del régimen de doble indemnización por despidos sin causa.
En el proyecto de ley elevado hoy al Congreso, la administración nacional también se reserva la facultad de "declarar la cesación total o parcial del estado de emergencia pública" en algunas de las materias incluídas en la Ley de Emergencia Económica "cuando la evolución favorable así lo aconseje".
Además, sostiene que el Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Poderes Delegados deberá elaborar un informe antes del 30 de junio del 2005 respecto a la evolución del estado de emergencia declarado por la norma.
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