La especialista antilavado Alicia López, en la mira

El escándalo en torno de la directora de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alicia López, amenaza con incrementarse después de que aparecieran algunos elementos que prueban que forma parte de esa repartición pública, al mismo tiempo que representa intereses privados en todo lo relacionado con lavado de dinero.

Según las denuncias, López utilizaría la función pública para generar que los empleados de la UIF realicen cursos en la entidad de la cual también es directora de International Compliance Association (ICA), en la cual se cobrarían importantes sumas de dinero por cada curso.

Sin ir más lejos, de acuerdo con un recibo presuntamente emitido por la entidad privada de la que López es directora, la inscripción para las ?Primeras Jornadas en Prevención de Lavado de Activos para el Mercosur? del 10 de mayo de 2004, costaba la friolera de 550 pesos que debieron pagar los empleados de la UIF que participaron.

Eso no es todo. El recibo otorgado por ese pago es una Factura ?C?, de una persona llamada Virginia Biagi, que figura como responsable monotributista y emite para ese evento su factura número 1.

Parece poco creíble que tamaña empresa internacional que trabaja en la Argentina desde hace muchos años haya emitido su primera factura en mayo de este año, por lo cual en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se estarían labrando actuaciones a fin de detectar la presunta irregularidad.

Otra persona involucrada en la cuestión es la fiscal de la Procuración General de la Nación Alejandra Perroud, que estaría participando de la dirección de la misma empresa ICA, cumpliendo además su función pública.

Como a López, se le adjudica a Perroud tener relación con una empresa a la cual por sus vinculaciones con entidades bancarias y financieras, incluso de paraísos fiscales, posiblemente se vean obligadas a investigar.

En el Ministerio de Justicia pusieron bajo la lupa la gestión de Alicia López al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y el nuevo procurador general Esteban Righi está siguiendo de cerca el caso de Perroud.

La UIF que integra López dictó el pasado 22 de junio una resolución en la que se establece que los profesionales de dicha unidad deberían tomar ?cursos de capacitación periódica?.

Tanto López como Perroud son criticadas porque no tienen dedicación exclusiva a tareas como funcionario público, sino que comparten tareas relacionadas con la misma actividad, pero en una empresa del sector privado.

Los miembros de ICA forman parte de entidades como el Bank of Bermuda Limited o la Asociación de Cumplimiento de las Islas Canarias, firmas que están en el mercado bancario. Incluso el Código de Etica de ICA establece que los miembros ?no pueden comprometer la confidencialidad? respecto de sus integrantes.

Por lo tanto, López y Perroud deberían priorizarlos por sobre los organismos de contralor del Estado, siendo que justamente forma parte de uno de ellos. Además, algunas investigaciones del ministerio vinculan a ICA con X-Proyect S.A., una empresa que brindaría la tecnología informática para el estudio del lavado de dinero.