En su sentencia, la Audiencia considera a los integrantes de la banda terrorista ETA autores de tres delitos de asesinato frustrado, porque en el momento para el que se había preparado el atentado Hernández Gil estaba acompañado por su escolta y su chófer.
El tribunal consideró probado que "Santi Potros" ordenó a la "Tigresa" y a otros tres miembros del "comando Madrid" de ETA, ya condenados previamente por los mismos hechos, el asesinato de Hernández Gil y de "todas las personas que le acompañaran en el vehículo oficial que le conducía habitualmente" a su casa.
Para ello, utilizaron la información que "Santi Potros" les remitió desde Francia sobre las costumbres del presidente del Supremo y acordaron cometer el atentado disparando tres granadas anticarro contra el vehículo oficial a su paso por una frecuentada zona del norte de la capital española.
Días antes del 8 de mayo de 1986, los etarras colocaron las granadas en un automóvil robado que fue aparcado junto a un semáforo y consiguieron lanzarlas contra su objetivo, pero el blindaje del vehículo evitó que los tres ocupantes resultaran heridos.
Arrospide y López Riaño, extraditados desde Francia en 2000 y 2001, respectivamente, cumplen ya condenas que suman más de 2.000 años de cárcel, siendo la más gravosa la dictada en su contra por otro atentado en Madrid que costó la vida a 12 agentes de la Guardia Civil en julio del mismo año.
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