Un joven misionero que estaba dispuesto a ingresar al programa de ?testigo de identidad reservada? fue detenido el pasado viernes en el puesto aduanero del puente Tancredo Neves, que une las localidades de Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil), en medio de un conflictivo procedimiento donde funcionarios de la Aduana, Gendarmería y Policía Federal habrían llegado a disputarse el arresto con forcejeos y acusaciones cruzadas, según informó el sábado el diario El Territorio, de Misiones.
Fuentes de la Justicia federal de Buenos Aires admitieron que el joven demorado en el paso internacional estaba ?a punto de ser trasladado a la Capital Federal, como parte de una investigación judicial y parlamentaria que indaga sobre el tráfico de armas en la Triple Frontera.
También trascendió que el joven, oriundo del Alto Paraná misionero, sería un ?arrepentido? de una organización que se dedicaba a facilitar el contrabando de mercaderías ilegales.
Según las averiguaciones que publica el periódico misionero, el joven sería una ?sacoleiro? (o pasero) de la organización que habría traficado armas hacia nuestro país. Incluso se habla de una operación reciente registrada en la región de la Triple Frontera, donde un cargamento de cinco misiles tierra-aire con origen de compra en Bolivia, habrían sido despachados desde Ciudad del Este (Paraguay) hacia territorio argentino y sin que hasta ahora se conozca el destino final de esas armas de guerra.
Esos datos los manejaría el juez en lo Penal Económico Julio Speroni, el mismo magistrado que investiga la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y derivó en el procesamiento y detención del ex presidente Carlos Menem, varios de sus ministros y de altos mandos militares.
Las fuentes consultadas por el matutino revelaron que la Aduana, con el apoyo de la Policía Federal, se encargaron de interceptar al "testigo arrepentido", en pleno resguardo fronterizo y en medio de un operativo donde efectivos de Gendarmería habrían tenido la orden de funcionarios del gobierno nacional y de un grupo de legisladores de la Cámara baja del Congreso (entre ellos un diputado misionero) de custodiar su ingreso al país y de brindarle protección personal, para trasladarlo a la Capital Federal.
Allí es donde se cruzan las versiones de las fuerzas policiales y de seguridad. Es que la Federal y la Aduana alegarían haber actuado bajo una orden emanada del propio juez Speroni, y atendiendo a una investigación que él mismo conduce y que hasta podría guardar vinculaciones con la Causa Armas que tiene en jaque al menemismo.
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