La medida alcanza a los ex funcionarios del Instituto bonaerense Juan Mangieri, Miguel Mendicino, Aldo Sardi, Eduardo Cejas y Jorge Godas, y a los dos directivos de la cooperativa El Sol, de la ciudad de Arrecifes, Félix Chazarreta y Enrique Actis.
Las fuentes precisaron que los siete hombres están sospechados de integrar una presunta asociación ilícita que cometió fraude y malversó cuadales públicos por más de $800 mil, a través de la ejecución de obras en Arrecifes.
El pedido de detención fue solicitado por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata, Carlos Argüero, y aceptado por el juez de Garantías Guillermo Atencio.
Según detallaron, los ex funcionarios del Instituto de la Vivienda bonaerense habrían abonado $815 mil para una obra de tendido de red de alta tensión con puesto de transformación y depresión de napas que ya se había concretado.
La investigación
La justicia penal de La Plata investiga desde hace dos meses una presunta defraudación por más de $50 millones cometida contra el Instituto Provincial de la Vivienda, a través de anticipos de pagos por obras no realizadas durante los años 2000 y 2001, con el que podrían tener relación al menos seis ex funcionarios del Instituto.
La presunta comisión de estos delitos fue denunciada por el actual interventor del organismo, Alfredo Ibarlucía, quien además pidió que se investigue a los ex funcionarios del organismo.
Según la presentación judicial, las irregularidades se habrían concretado a través de dos mecanismos: los anticipos financieros y el financiamiento de obras.
Los anticipos financieros implican la entrega de fondos a las empresas para el acopio de materiales de construcción necesarios para levantar las viviendas, tomándose a cuenta del precio final de las obras.
Sin embargo, se habría detectado que esos fondos no se emplearon para la compra de materiales y que los terrenos donde debían levantarse las viviendas ni siquiera habían sido desmalezados.
La financiación de obra supone el pago en cuotas por la supuesta realización de los trabajos, y en el hecho investigado se habría pagado hasta el 50% del costo de la obra y sólo se habría ejecutado el 3%.
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