Propuestas para salir del corralón

Los depositantes asisten atónitos a declaraciones para la mayoría de ellos indiscernibles pero claramente contradictorias acerca de la proporción de Boden que requiere el éxito del programa monetario (30% del 2012, 15% del 2007, y $2.700 M del 2005) elaborado por el mismo Gobierno que manifiesta simultáneamente preocupación por el costo fiscal de una emisión demasiado grande de esos títulos y que es, a su vez, quien decidió efectuar el gasto que supuso la pesificación de los créditos en dólares y la posterior descerificación de una parte de ellos y por momentos parece resistirse a hacerse cargo del costo, además de no adoptar políticas serias en el frente fiscal para contar con los fondos para ello.

Del mismo modo, los depositantes se informan de que el Gobierno y los bancos coinciden en el objetivo de que se recupere su confianza para poder reconstruir el sistema financiero y el crédito, pero al mismo tiempo se enteran de trascendidos de que podría impulsarse la colocación de un bono compulsivo del Estado, con la implicancia que ello tendría de alejar el ahorro -a diferencia de los fondos transaccionales- definitivamente de los bancos.

No se ha explicado suficientemente a los ahorristas que los depósitos que aún no les han sido devueltos están prestados y que para cobrarlos se requiere que los deudores -particulares, empresas y Estado- paguen a los bancos en tiempo y forma, lo que como mínimo requiere que venzan los plazos de los créditos. Esto exige adaptar los plazos de devolución de los depósitos reprogramados a los plazos de vencimiento de los créditos y, más de fondo, recrear la cultura de crédito perdida en los últimos 18 meses.

Nadie ha explicado suficientemente a los depositantes que en tanto si optan por Boden asumen directamente el riesgo Estado, también lo asumen parcialmente, en forma indirecta, si mantienen certificados de depósitos reprogramados (Cedros), dada la exposición de muchos bancos al sector público.

Esa exposición consta de los otorgados voluntariamente hasta mediados del 2000, los otorgados por la presión moral (?moral suasion?) del Gobierno para financiar al Estado en el 2001, y los derivados de la compensación recibida por la pesificación. Además, durante el 2001 los bancos tuvieron que extender en dos oportunidades el plazo de sus financiamientos al Gobierno, bajo la presión de éste, para prorrogar vencimientos de capital.

Un corolario de esta exposición directa o indirecta al sector público es que la recuperación de los depósitos requiere que el Gobierno adopte urgentemente medidas de fondo que encaminen las cuentas públicas hacia la solvencia fiscal.

Las razones del fracaso de la reciente licitación de los Boden 2005 es objeto de especulación. Incluyen la posibilidad de que los depositantes no hayan sido bien informados, que no hayan entendido, que crean más en los bancos que en el Estado, que mantengan expectativas de lograr amparos, o que prefieran esperar a que el goteo termine de liberar los fondos transaccionales.

El fracaso de la licitación de los Boden 2005 ha sido tomado como el anticipo de un resultado también decepcionante en la elección de Boden -2005, 2007 y 2012- por parte de los depositantes con ahorros reprogramados, y cobran cada vez más fuerza las versiones de una colocación compulsiva de los bonos.

Frente a la carencia casi total de explicaciones a que han estado expuestos, esa versión no puede ser para los depositantes más que irritativa.

El esquema de Boden que comenzó a fracasar estaba sin duda mal diseñado -aparte de otros factores- al obligar a los depositantes a ceder sus derechos contra los bancos por cada dólar originalmente depositado por el que aceptaran derechos contra el Estado.

Es necesario intentar evitar el bono compulsivo y ofrecer una alternativa voluntaria que exima de tener que ceder los derechos de los depositantes contra los bancos. La alternativa que se propone a continuación cumple con ese requisito y tiene otros beneficios adicionales:

1. Dado que el cronograma de devolución de depósitos reprogramados (Remes Lenicov) no atiende adecuadamente los plazos de recuperación de los créditos por los bancos, se permitirá a cada entidad negociar un cronograma nuevo con sus depositantes sobre bases voluntarias para ambas partes.

2. Cada banco, en consecuencia, podrá ofrecer a sus depositantes la alternativa de rerreprogramar la devolución de sus depósitos, extendiendo el plazo lo necesario para acomodarlo a los plazos de recuperación de su cartera de créditos.

3. Los bancos tendrán libertad para ofrecer por los depósitos rerreprogramados tasas de interés superiores a las vigentes para los depósitos reprogramados.

4. Los bancos mantendrán su deuda con los depositantes por hasta $1,40 más CER (más intereses) por dólar originalmente depositado, que es el valor hasta el cual pueden responder dado que con la pesificación asimétrica recibirán $1 más CER por cada dólar de crédito más $0,40 más CER por los bonos compensatorios recibidos del Tesoro.

5. Los depositantes que acepten la oferta de extensión de plazos por parte de los bancos tendrán acceso a un bono del Tesoro por la diferencia entre $1,40 más CER y el tipo de cambio libre, de modo que, entre los Cedros rerreprogramados y los bonos del Tesoro por la diferencia mencionada, el depositante recibirá el valor nominal en dólares originalmente depositado (más intereses).

6. Los Cedros se instrumentarán en Bonos de cada banco, que cotizarán en los mercados de valores, igual que los sugeridos bonos del Tesoro que cubren la brecha entre $1,40 más CER y el tipo de cambio.

7. Los titulares de depósitos reprogramados que eligieron Boden según el Decreto 905 tendrán acceso renovado a la nueva alternativa.

Esta alternativa tiene importantes ventajas. En primer término es voluntaria, preservando en mayor medida el futuro de la actividad bancaria. En segundo lugar, permite a los depositantes mantener sus derechos sobre los bancos pero acceder al mismo tiempo a la recuperación total del valor nominal de su patrimonio en dólares, al complementarse los Cedros con un bono del Tesoro por la diferencia entre el tipo de cambio libre y $1,40 más CER. Tercero, permite a los bancos adecuar la devolución de los depósitos al plazo de recuperación de su cartera crediticia, quitando presión a la demanda de los redescuentos del Banco Central, y permitiendo que éste limite su asistencia a los casos puntuales que manifiesten dificultades de liquidez a pesar de la rerreprogramación. Cuarto, mantiene la relación de los bancos con los ahorristas, a diferencia del Decreto 905 o de un bono compulsivo.

Pero aunque se extienda el cronograma de devolución de depósitos reprogramados, la capacidad de los bancos dependerá del grado en que los deudores cumplan con sus obligaciones. Y esto depende de tareas de fondo, incluyendo: recrear la cultura de crédito, normalizar la economía para facilitar el cobro de las deudas del sector privado y generar la solvencia fiscal que asegure que el Estado pagará en tiempo y forma su deuda con los bancos.

* Economista. Ex gerente general del Banco Central

Finalmente ocurrió lo racionalmente esperable: la mayoría de los ahorristas no aceptaron la propuesta de Economía sencillamente porque no era la más conveniente.

Con una inflación minorista que, en el mejor de los casos, será de 80% a fin de año y que un año más tarde difícilmente acumule menos de 140%, los depósitos reprogramados pesificados eran la mejor opción.

Si se considera que ya recuperaron 40% de capital al inicio, pues se pesificaron a $1,40 por dólar, esos niveles de inflación los elevarán a un mínimo de $2,50 por dólar a fin de este año y de $3,40 por dólar a fin del 2003. Para cuando termine el cronograma de reprogramación, en agosto del 2005, las últimas cuotas de esos depósitos no se cotizarán a menos de $5 por dólar.

Si el dólar se estabiliza, ya sea porque el Gobierno triunfe en su intento de flotación o porque se disponga una nueva convertibilidad o una dolarización, claramente los ahorristas habrán ganado capital en dólares.

Si no se estabiliza, el destino del país será tan incierto que poco importará la alternativa de tener una acreencia en dólares contra el Estado argentino.

En síntesis, la alternativa de quedarse con los depósitos reprogramados era la más racional para el ahorrista y por eso triunfó en la votación popular.

Sin embargo, la situación en la que queda el sistema financiero es explosiva, fundamentalmente a partir del año entrante. Esto deriva del hecho de que los bancos deben liquidar 1,40 dólar originalmente prestado para devolver cada dólar originalmente depositado, lo cual ningún sistema financiero del mundo está en condiciones patrimoniales de resistir, y mucho menos el sistema argentino actual. El Estado paga los 40 centavos de diferencia, pero con un bono al 2007, que el sistema financiero debe financiar.

¿Qué alternativas quedan abiertas ahora? Hoy compiten tres propuestas conocidas, una de las cuales fue elaborada por nuestra consultora Exante.

Tanto la propuesta oficial como la de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que coincide con la de Julio Piekarz, implicarían mantener el compromiso actual de los bancos con los ahorristas ($1,40 + CER por dólar depositado) pero alargar nuevamente los plazos de vencimiento, frente a la evidencia de que los actuales son incumplibles. Es decir, ambos solucionan el problema de la iliquidez sistémica, pero lo cargan nuevamente sobre el depositante, pues esta rerreprogramación sería también compulsiva.

En el caso de la iniciativa de ABA, a ello se sumaría un bono que cubriría la diferencia entre el valor de mercado del dólar al momento de su devolución y $1,40 + CER que pondrá el banco, con lo cual el ahorrista terminaría recibiendo sus dólares o su equivalente en la moneda nacional.

La propuesta de Exante, en cambio, implica tanto redolarizar los depósitos como mantener el compromiso de los bancos de devolverlos, pero sin volver a alargar el cronograma de reprogramación actual.

La solución a la iliquidez deriva de que los bancos deberían hacerse cargo de aportar sólo $1 + CER (o $1,40 + CER o $1 + CVS, de acuerdo con la proporción de cartera activa de cada banco) por cada dólar depositado. Eso es exactamente lo que les corresponde afrontar. El Estado, por su parte, deberá poner la diferencia entre el valor del dólar a cada vencimiento y lo que ponga el banco, que será decreciente.

De las tres propuestas en danza, entendemos que la única judicialmente admisible es la de Exante, pues es la única que preserva todo el valor de la deuda, tanto en lo que hace a su moneda de origen (dólares) como al deudor responsable elegido por el depositante (el banco).

Por ese motivo, es la única que frenaría inmediatamente los recursos de amparo pues dejaría de configurarse el avasallamiento a los derechos de propiedad adquiridos por los depositantes. La sola postergación de plazos, en el actual contexto, es considerada por la Justicia como protectiva y no lesiva de esos derechos.

El costo fiscal del programa oficial de canje por bonos que acaba de fracasar implicaba un mínimo de u$s7.000 M y se había calculado que podría haber llegado a u$s12.000 M. Su fracaso reduce bastante ese costo, ya que para quienes se mantengan reprogramados o rerreprogramados el costo fiscal resulta nulo.

La propuesta de ABA, en cambio, implicará un costo fiscal, aunque su cálculo es desconocido aún. Nuestra propuesta, por último, tendría un costo de sólo u$s2.200 M netos, a ser pagados entre el 2003 y el 2005.

* Economistas de Exante