La presidenta de la Universidad de Pensilvania renunció tras el escándalo por su declaración en la sesión sobre antisemitismo del Congreso de EEUU

Liz Magill se negó a afirmar claramente que un llamamiento al genocidio contra los judíos violaría el código de conducta de la universidad

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Liz Magill (REUTERS/Ken Cedeno)
Liz Magill (REUTERS/Ken Cedeno)

La presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, ha dimitido en medio de intensas críticas por parte de donantes, antiguos alumnos y otros tras el testimonio que dio en una audiencia en el Congreso esta semana sobre el antisemitismo en los campus universitarios.

Scott L. Bok, presidente del Consejo de Administración de Pennsylvania, dijo en una nota a la comunidad universitaria que Magill permanecerá en el cargo hasta que se nombre un presidente interino. Después, seguirá siendo profesora titular de Derecho en Penn Carey.

“En nombre de toda la comunidad de Pennsylvania, quiero dar las gracias a la presidenta Magill por su servicio a la Universidad como presidenta y desearle lo mejor”, escribió Bok.

Magill fue objeto de duras críticas por un testimonio en el que se negó a afirmar claramente que un llamamiento al genocidio contra los judíos violaría el código de conducta de la universidad. Por su parte, la presidenta de Harvard, Claudine Gay, se disculpó en una entrevista con The Harvard Crimson por las declaraciones que hizo en la audiencia del Congreso.

Magill, Gay y la Presidenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sally Kornbluth, comparecieron el martes ante un comité de la Cámara de Representantes para defender los valores de la libertad de expresión, al tiempo que aseguraban que castigarían el acoso y la intimidación. Para muchos, sin embargo, los intentos de matización de los académicos resultaron ambigüedades débiles y legalistas.

Autoridades de universidades de EEUU respondieron sobre el antisemitismo en los campus

La reacción fue especialmente notable en el caso de Magill, cuyo testimonio alienó a importantes electores, entre ellos el gobernador del estado, el consejo de administración de la Wharton School of Business y un antiguo alumno que amenaza con retener una donación de 100 millones de dólares. Un vídeo publicado por Magill a última hora del miércoles, en el que se retractaba de sus declaraciones en la audiencia, no sirvió para aplacar a los críticos.

Los testimonios de los presidentes han revigorizado un debate más amplio sobre dónde las universidades trazan la línea entre el discurso ofensivo y la conducta amenazante - un tema siempre espinoso que se ha vuelto más por las pasiones inflamadas de la crisis en curso en Israel y Gaza.

Claire Finkelstein, profesora de Derecho y Filosofía en Pennsylvania, cree que las directrices de la universidad sobre la libertad de expresión prohibirían un llamamiento al genocidio contra los judíos. Y le preocupa que alguien sugiera lo contrario. Hay que trazar algunas líneas, dijo.

“El punto de partida es descartar los llamamientos a la violencia contra miembros de minorías étnicas, religiosas o raciales”, dijo Finkelstein. “Esa es mi propia opinión, y me sorprende bastante ver que no es la opinión dominante aparentemente de los presidentes de universidades”.

Magill ha sufrido una notable erosión de apoyos en lugares poderosos. El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, calificó los comentarios de Magill de “absolutamente vergonzosos”, y dijo a los periodistas: “No debería ser difícil condenar el genocidio”. El consejo de Wharton, entre cuyos miembros se encuentran algunos miembros del consejo de administración de Penn, dijo en una carta a Magill esta semana que Penn necesitaba un cambio de liderazgo. Y los abogados que representan a Ross Stevens, fundador y director ejecutivo de Stone Ridge Asset Management, dijeron en una carta el jueves que tenía motivos para rescindir 100 millones de dólares en acciones donadas a Penn. Stevens discutiría el asunto “si, y cuando, haya un nuevo presidente de la universidad en su lugar”, decía la carta.

En cambio, la MIT Corporation, que es el consejo de administración del instituto, expresó su “apoyo total y sin reservas” a Kornbluth.

Sin embargo, el viernes, una carta firmada por más de 70 miembros del Congreso pedía a los consejos de administración de Harvard, Penn y MIT que destituyeran a los presidentes.

En Pennsylvania, los estudiantes judíos manifestaron el viernes su decepción con Magill y algunos se hicieron eco de las peticiones de dimisión o destitución. Pero hablaron más ampliamente del miedo que ellos y muchos otros estudiantes judíos de todo el país han manifestado sentir desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza en octubre. Varios dijeron que les preocupaba que obligar a dimitir a la presidenta fuera una respuesta demasiado simple al problema mucho más complicado del antisemitismo.

“Si Magill dimite o es despedida, no quiero que el mundo piense que hemos llegado a una solución”, dijo Eyal Yakoby, de 21 años, estudiante de último curso en Pennsylvania de Ciencias Políticas y Estudios de Oriente Medio. “Aunque las acciones de Magill han permitido que el odio supure en el campus, Magill no es la fuente de ese odio”.

Yakoby es uno de los dos estudiantes que han demandado a la universidad por no responder a los incidentes antisemitas en el campus. La demanda, presentada a principios de este mes, alega que Penn se ha convertido en “un laboratorio de incubación del virulento odio antijudío”. Los dos demandantes afirman que Penn ha infringido la Ley Federal de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza y origen nacional, entre otras categorías protegidas.

Yakoby, que es judío y americano-israelí, dijo que la demanda se produjo después de meses de inacción por parte de los administradores. Describió una serie de actos antisemitas en los últimos tres meses: una esvástica en el campus, luego la acogida de lo que él llamó oradores antisemitas, luego un robo en Penn Hillel, luego la vandalización de la Casa Jabad, luego una amenaza de bomba contra Hillel.

Además de la demanda, Yakoby también testificó ante el Congreso sobre el antisemitismo en el campus de Penn - el mismo día que lo hizo Magill.

Dos días antes de las comparecencias, Noah Rubin, estudiante de penns, dijo que estaba escondido dentro de su dormitorio y escuchando cánticos de “¡De agua a agua, Palestina será árabe!”. Cientos de personas se manifestaban a favor de Palestina en una marcha que se acercó al campus de Penn y a la ciudad de Filadelfia. Los manifestantes portaban banderas palestinas y en un momento dado corearon: “¡Intifada, intifada! Viva la intifada!” - palabra árabe que significa “sacudirse algo” y que se asocia a dos largos levantamientos palestinos contra Israel.

Rubin, de 21 años, que estudia ingeniería eléctrica y economía, tenía que salir para terminar un laboratorio. Pero dijo que estaba demasiado asustado para moverse, al igual que muchos de sus amigos judíos, que también permanecieron refugiados en sus habitaciones. Rubin dijo que interpretó los cánticos que oía como llamamientos directos al exterminio del pueblo judío.

En sus comentarios a los periodistas el miércoles, Shapiro dijo que había hablado con Magill y con el presidente del consejo de Penn “en múltiples ocasiones” sobre las medidas que debían tomar para que los estudiantes se sintieran seguros. Pero “parece que han fracasado en cada paso del camino”, dijo el gobernador, según el audio de la conversación facilitado por su oficina. El testimonio de Magill, dijo, “lo llevó al siguiente nivel”.

Para estudiantes como Rubin, la comparecencia de Magill fue descalificadora. En un intercambio ahora famoso del martes entre la representante Elise Stefanik (R) y Magill, el presidente de Penn no quiso responder directamente si un llamamiento al “genocidio de los judíos” violaría las normas universitarias relacionadas con la intimidación y el acoso. La respuesta “dependería del contexto”, dijo Magill. Pero tal escenario “no era hipotético para nuestro campus”, dijo Rubin. “Y Liz Magill falló completamente esa pregunta. Fue vergonzoso”.

Gay y Kornbluth, de Harvard y el MIT, respectivamente, dieron respuestas similares a las de Magill cuando fueron interrogados por Stefanik. La congresista por Nueva York dijo: “Son respuestas inaceptables en todos los ámbitos”.

En su mensaje de vídeo del miércoles, Magill dijo que en la audiencia se centró en las antiguas políticas de Pennsylvania, que dicen que “el discurso por sí solo no es punible”. En su opinión, sin embargo, un llamamiento al genocidio contra los judíos “sería acoso o intimidación”, dijo Magill.

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Matices de la libertad de expresión

A pesar de toda la indignación que han suscitado las declaraciones del presidente en la audiencia del Congreso, los defensores de la libertad de expresión dicen que les preocupa que las universidades tomen medidas enérgicas contra la libertad de expresión protegida debido a presiones políticas. Por insatisfactoria que pueda parecer la respuesta, decidir si un discurso viola el código de conducta de una universidad “depende del contexto”, afirma Aaron Terr, director de defensa pública de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.

“Un llamamiento al genocidio es una forma de apología, de apología de la violencia”, afirma Terr. La apología suele estar protegida por la Primera Enmienda y los principios de la libertad de expresión. Sólo hay algunas excepciones a estas protecciones, dijo Terr, entre las que se incluyen la amenaza real de violencia, la incitación a una acción ilegal inminente o el discurso que cumple la norma legal de acoso discriminatorio.

“Muchos de los discursos que vemos ahora en los campus no entrarían en estas excepciones y deberían estar protegidos”, dijo Terr. “Así que los rectores de las universidades tienen razón”.

Gran parte de las críticas que están recibiendo ahora los rectores son “equivocadas”, dijo Terr, y proceden de personas que se han sentido frustradas por otras incidencias pasadas de censura en los campus universitarios. “La presión debería recaer sobre ellos para que protejan la libertad de expresión de forma coherente, no para que amplíen la censura”, afirmó.

Las universidades privadas, como Penn, el MIT y Harvard, no están obligadas por la Primera Enmienda. Pero los dirigentes de las instituciones privadas afirman que se guían por principios de libertad de expresión que son fundamentales para la libertad académica.

Las discusiones sobre dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el acoso son matizadas, y una audiencia en el Congreso no es el lugar adecuado para matizar, dijo Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“Incluso la apología del genocidio está protegida por la Primera Enmienda”, dijo Chemerinsky. “Y algunos creen que defender lo que Israel está haciendo en Gaza es defender el genocidio. Algunos creen que apoyar el derecho al aborto es defender el genocidio”.

Las autoridades universitarias deben condenar el discurso de odio, dijo Chemerinsky, “y hay un punto en el que la defensa es tan generalizada que constituye acoso.”

“Pero esto es lo que quiero decir con que es necesario matizar - y [la audiencia] simplemente no era un foro para expresar matices”.

Rick Fox, un rabino que dirige un grupo judío de empoderamiento y educación en el campus de Penn, dijo que estaba asqueado por el testimonio de Magill ante el Congreso. Al mismo tiempo, dijo que le preocupa que, si se obligara a Magill a dimitir, sería sustituida por alguien igual de aficionado a los tópicos legales.

“No quiero que Liz Magill sea sacrificada para que puedan decir: ‘Vale, hicimos algo’ y en realidad no hicieron nada”, dijo Fox. “Preferiría que fuera valiente y se quedara y defendiera al pueblo judío, pero si no es capaz de hacerlo, entonces es cuando debe dimitir”.

(c) 2023, The Washington Post