El general que Diosdado Cabello no nombró en la Operación Relámpago del Catatumbo: desaparición forzada y denuncias de tortura

Cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello se refirió, en marzo 2025, a la Operación Relámpago del Catatumbo, denunció a alcaldes y dirigentes políticos, con énfasis en María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, pero ocultó mencionar que a los militares detenidos, entre ellos al GD Vidal José Francisco Coraspe, cuyo superior en la REDI Oriente era el hoy comandante general de la Guardia Nacional, MG Juan Sulbarán.

Francisco Coraspe, de doble nacionalidad por su padre español, permaneció desaparecido durante meses, mientras según el relato de su familia su vivienda fue allanada, sus propiedades sustraídas y el oficial sometido a torturas. Hened Abou Kheir de Francisco, esposa del general aseguró, en conversación con Infobae, que su marido “no hacía más que defender la revolución, los valores de las Fuerzas Armadas; su único defecto fue creer en su trabajo y en las personas que lo rodeaban”.

De acuerdo con su versión, Francisco Coraspe fue convocado a una reunión de generales en Caracas. “Era para capturarlo y ahí empezaron a violentar la ley”, dijo, al precisar que el oficial se encontraba en una casa del Fuerte Tiuna.

“Él me llama a las 10:44 de la noche y me dice que lo fueron a buscar porque la reunión ya no sería el sábado sino el viernes 6 de septiembre de 2024 y que será con el MG Iván Rafael Hernández Dala. Desde entonces lo desaparecieron. Mi esposo estuvo cuatro meses y medio bajo torturas”, afirmó.

Según el relato, Coraspe fue detenido el 7 de septiembre 2024. Infobae hizo pública la detención el 13 de octubre 2024 y la audiencia preliminar se celebró el 3 de diciembre de 2024. Aunque han transcurrido 19 meses desde su detención, sostiene su esposa, al general no se le han permitido visitas, ni siquiera de ella.

El 24 de enero de 2025 fue trasladado al módulo 1 del Internado Judicial Yare 3. Dijo haberse enterado, por detenidos excarcelados, de que su esposo “se encuentra en una celda aislada sin derecho a recibir sol, comida y agua, solo la que ellos le puedan suministrar”. También denunció que fue golpeado y maltratado verbal y físicamente, luego de que otro recluso le pasara alimentos.La amnistía le fue negada, afirmó su esposa, quien sostuvo que Coraspe no se declarará culpable “de algo que no cometió”, y cuestionó que se le atribuyan delitos “atroces”, como el tráfico de estupefacientes. “Nuestros carros son de hace varios años. No tenemos absolutamente nada de lujo”, aseguró.

Sobre el silencio que mantuvo la familia durante meses, De Francisco lo atribuyó a presiones, incluso de un diputado. “Pidió bajarle dos y lo hicimos; me cerraron la boca; culparon a mi esposo de una droga que encontraron en el Zulia, cuando mi esposo tiene años que no va para el Zulia”, afirmó.

En el expediente vinculado a la Operación Relámpago del Catatumbo también figuran, además del GD Vidal José Francisco Coraspe, el empresario camaronero Enrique José Rondón, y Luis Miguel Velásquez Rosal, Wladimir Horario Molina Castellanos y Luis Alejandro Herrera Ramírez. Al general le imputan los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación para delinquir, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, posesión ilícita de arma de fuego y tráfico ilícito de municiones.

La causa la lleva la juez Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La fiscal Rosalba Hernández fue destituida y privada de libertad por corrupción, por lo que el caso lo lleva otro fiscal de apellido Rojas.

El caso

Funcionarios de la DGCIM informaron que el 15 de julio de 2024 obtuvieron datos de inteligencia sobre una presunta red dedicada al tráfico de drogas, en la que estarían involucrados militares activos y retirados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De acuerdo con el organismo, durante las investigaciones fue detenida una persona cuya identidad no fue revelada, bajo el argumento de la “reserva de las actuaciones”. Este individuo, según la versión oficial, habría decidido colaborar con las autoridades en calidad de delator.

La DGCIM aseguró además que, al revisar el teléfono móvil del informante, se localizaron mensajes de texto y contactos telefónicos vinculados con pistas clandestinas, mapas y supuestos montos cobrados por el negocio del narcotráfico. Entre los contactos hallados figuran dos alias: “Mickey”, a quien los investigadores identifican como Luis Miguel Velásquez Rosal, y “Pancho Villa”, que presuntamente correspondería al general de División (GNB) Vidal José Francisco Coraspe.

Con una orden emitida por el Juzgado Vigésimo Primero (21) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, funcionarios de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC), adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron, el 9 de septiembre 2024, un allanamiento en la vivienda del general Francisco Coraspe, en la urbanización Residencias G/J Justo Briceño Otralora.

De acuerdo con la versión policial, durante el procedimiento se habría encontrado diez granadas de distintos tipos, así como tres cajas que contenían 58 cartuchos de diversos calibres sin percutir.

Como oficial activo de la Fuerza Armada, el general Francisco está autorizado a estar armado, pero la Fiscalía lo acusa de posesión ilícita de arma de fuego, porque la DGCIM dice que, cuando iban al allanamiento en su vivienda, el 6 de septiembre 2024, incautó en un vehículo del general, una pistola Smith & Wesson, Modelo 910. Y en la parte trasera de la vivienda, supuestamente encontraron ocultos los 58 cartuchos sin percutir.

Les quitaron todo

Hened Abou Kheir de Francisco, esposa del general Vidal José Francisco Coraspe le dijo a Infobae que su esposo ha sido torturado de manera vil y su familia perseguida. “Me robaron todo, me dejaron prácticamente en la calle, se llevaron desde la ropa interior hasta los álbumes con las fotos de mis hijos desde que nacieron, el de mi matrimonio, el de 15 años de mi hija, todo se lo llevaron”.

Asegura que desde que su esposo fue detenido, el 7 de septiembre 2024, no ha podido verlo, no ha tenido derecho a visitas y apenas recientemente le han permitido llamadas telefónicas de un par de minutos.

La señora de Francisco asevera que no tenían lujos, “pero en el segundo allanamiento se llevaron todo lo que teníamos de patrimonio en el matrimonio de más de 30 años. Tenemos dos hijos. Me quitaron el sueldo de él, así como los beneficios de la Fuerza Armada, incluyendo el médico”.

Hace años, relata, el presidente Hugo Chávez accedió a que cuarenta familias militares compraran unas casas en Fuerte Tiuna “porque eran terrenos no aptos como vivienda en guarnición, pues pasaba una laguna por debajo. Después que Chávez muere derogaron el documento que lo autorizaba, no nos reconocieron nada y quedamos estafados”.

Narra que a los oficiales retirados, incluso generales, los sacaban esposados de sus casas en Fuerte Tiuna. “A mi esposo, por estar activo, lo protegía el beneficio de vivienda en guarnición, pero lo enviaban de servicio fuera de Caracas. Todas las semanas llegaba una carta de desalojo, pero yo vivía ahí con mis hijos que eran menores de edad”.

Según Hened de Francisco, la razón para detenerlo fue después de las elecciones del 28 de julio 2024. Su hija, que estudia becada en Argentina, “le dice a su papá que una excompañera de bachillerato y otros muchachos, algunos incluso menores de edad, estaban siendo torturados”, y le pide que intervenga”.

El general Vidal Francisco llama a sus subalternos y les ordena presentarse. “Por ahí empezó la cacería contra él, porque no me explico cómo lo acusan de esos delitos atroces”.

Funcionarios y testigos

Los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que aparecen en el caso, son: los agentes Frender Solorzano, José Pacheco, Wendy Raquel Carrero Varela, Daniel Armando Sufia Facendo; capitán Yordi Celestino García Pérez, SM3 Andrés Manuel Serrada Guzmán, adscritos al área de informática forense de la Dgcim.

También el Primer Teniente Eduardo Padrón Chirivella, Ptte. Ángel Humberto Echeverría Bermúdez; SM3 Álvaro Luis Condes, SM2 Kevin Rojas Hidalgo, S1 César Enrique Sánchez Zambrano y S2 Adrián Carrera Blanco adscritos a la Unidad Criminalística de la Dgcim.Por otra parte, José Bastidas, adscrito a la División de Inteligencia Antidrogas de la Fiscalía; y TTE. Humberto Espinoza Castillo y SM1 Romero Montero Evelio, adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidroga (URIA) del Zulia.

Entre los testigos aparecen funcionarios de la Dgcim, así como personas identificadas solo con un nombre sin apellidos: Marianela, Giovanni, Jonathan, Alexander, Luis, entre otros.

La incineraron

La narrativa de la DGCIM, en la que se basó el Ministerio Público, es que el alto oficial se valía de su cargo, como director regional de Medios Terrestres de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), cuyo jefe era el reciente nombrado Comandante General de la Guardia Nacional, MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero.La defensa de Francisco Coraspe ha refutado los cargos que le imputan de controlar la “movilización de tropas y suministrar información a la estructura delictiva” del narcotráfico a cambio de altas sumas de dinero, porque eso no aparece demostrado en las actas procesales ni en los análisis a los equipos telefónicos.

La Fiscalía basa la imputación contra el general Francisco en un operativo ocurrido el 12 de octubre 2024, un mes después de estar detenido, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Mara, donde se habría incautado, en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún del Zulia, 500 kilos de cocaína, gracias a la información obtenida del teléfono de Wladimir Horacio Molina Castellanos.

Lo insólito es que la supuesta droga, sin notificación al Tribunal, fue incinerada con mil doscientos litros de combustible y, según la defensa, el oficial solo es mencionado por su cargo y jerarquía pero sin los hechos que lo relacionen.La acusación fiscal dice que los imputados interfirieron ilícitamente en la seguridad operacional aeronáutica porque “valiéndose de sus cargos y funciones hacían uso de pistas clandestinas en el Zulia, para que despegaran aeronaves cargadas de sustancias ilícitas, sin tener ningún tipo de permisología por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)”.

En el teléfono de Velásquez Rosal, habría videos con aeronaves despegando de pistas clandestinas, rústicas o de tierras, además de “múltiples coordenadas y rutas aéreas usadas por esta Organización”.

Cabello y El Catatumbo

El 22 de enero 2025, el ministro del Interior Diosdado Cabello Rondón, teniente retirado del Ejército, vistiendo uniforme militar, llegó hasta un refugio en Casigua El Cubo, Catatumbo, estado Zulia, donde se encontraban desplazados colombianos se refugiaron por el enfrentamiento entre las guerrillas disidencias de las FARC y el ELN.

Tres meses después, el 22 de marzo 2025, desde Caracas y en rueda de prensa Cabello denuncia un supuesto golpe al narcotráfico en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo, asegurando que se detectaron tres caletas de cocaína. Como lo ha hecho consecutivamente, vinculó a los dirigentes opositores María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, así como al excomisario Iván Simonovis, con un empresario camaronero José Enrique Rincón detenido en Colombia.Aseguró Cabello que, para el operativo, en el que supuestamente se decomisaron casi 10 toneladas de cocaína de alta pureza, fueron determinantes investigaciones e interrogatorios a alcaldes y miembros de cuerpos policiales locales.

La narrativa del ministro del Interior es que había un complot orquestado desde Colombia, financiado por los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque para atacar la revolución bolivariana, en el que estarían involucrados los alcaldes del chavismo Danilo Añez Polanco, Alberto de Jesús Sobalvarro Durán y Jorge Nava Paz, así como los de Oposición: Nervis Sarcos, Fernando Loaiza Chacón y Rafael Arturo Ramírez Colina. Todos acusado de “narcotráfico, conspiración, tráfico de armas y corrupción”, dijo Cabello.