El partido de María Corina Machado pidió liberar a dos activistas detenidos “injustamente” hace 17 meses

La formación indicó que Henry Alviarez y Dignora Hernández fueron arrestados “por el simple hecho de ejercer la política y trabajar por la libertad de Venezuela”

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Henry Alviarez y Dignora Hernández
Henry Alviarez y Dignora Hernández

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este miércoles la libertad de sus dos colaboradores Henry Alviarez y Dignora Hernández, que consideró detenidos “injustamente” hace 17 meses tras ser acusados de los presuntos delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación.

La formación indicó que los activistas fueron detenidos “por el simple hecho de ejercer la política y trabajar por la libertad de Venezuela”.

El comité destacó que Alviarez es un abogado de “amplia trayectoria” y padre de familia, mientras que Hernández es una docente, “siempre orgullosa de mostrar sus raíces y dispuesta a darlo todo por su familia y su país”.

El dictador Nicolás Maduro y el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, si no que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

En marzo pasado, Saab afirmó que un año atrás fue desmantelada la “operación mercenaria denominada Gran Alianza Territorial”, que tenía como finalidad, dijo, producir acciones de calle para “subvertir el orden establecido, coordinando y financiando el ingreso por (la ciudad colombiana de) Cúcuta de un grupo de terroristas para atentar contra” Maduro y altas autoridades del país.

Asimismo, indicó que, tras la investigación desplegada para el “desmantelamiento” de esta operación, se estableció la “responsabilidad logística y operacional” de Alviarez y Hernández, a quienes señaló de suministrar a los “grupos terroristas” recursos para intentar “ataques simultáneos a instalaciones militares”.

El fiscal general afirmó que los opositores también buscaban generar “acciones callejeras” para la “desestabilización en el país y lograr la habilitación de su jefa, María Corina Machado”, en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Pese a sus dichos, nunca mostró pruebas al respecto.

Imagen de archivo de Gladys
Imagen de archivo de Gladys Requena, ahora ex Inspectora General de Tribunales de Venezuela

Gladys Requena dejó el cargo de Inspectora General de Tribunales en medio de rumores de conspiración

En otro orden, la histórica dirigente de la dictadura chavista Gladys Requena dejó su puesto como inspectora general de tribunales en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles la supuesta “renuncia irreversible” de Requena durante una sesión parlamentaria, mientras circulan rumores sobre presuntas detenciones en el interior del oficialismo por “conspiración” y crecientes tensiones con sectores de la izquierda crítica.

Según Rodríguez, Requena comunicó su “intención de renunciar de manera irreversible” al alto cargo dentro del Poder Judicial. El presidente de la AN indicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue notificado de inmediato y procedió a designar de forma temporal a un reemplazante para asumir las funciones de control disciplinario dentro del sistema judicial venezolano.

La noticia coincide con una ola de rumores en redes sociales acerca de detenciones vinculadas a presuntos casos de conspiración contra el régimen chavista. El periodista Jesús Medina Ezaine declaró en plataformas digitales: “Gladys Requena no renunció, la hicieron renunciar y está siendo investigada por presunta conspiración”. Medina Ezaine apuntó hacia tensiones dentro del chavismo gobernante y cuestionando la versión oficial difundida por las autoridades legislativas.

Requena ha ocupado diferentes cargos en la estructura de poder chavista: fue diputada por la región de Vargas, ministra de la Mujer durante los años 2015 y 2016, y segunda vicepresidenta de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (2018-2020). Desde entonces, se desempeñaba como principal autoridad en el área de control disciplinario del Poder Judicial, una función clave en la vigilancia interna y el esquema de disciplina de jueces y tribunales.

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