Los cinco refugiados en la embajada argentina en Caracas fueron liberados en una operación liderada por el gobierno de Estados Unidos

Los cinco disidentes venezolanos que estaban refugiados en la embajada argentina en Caracas dejaron la sede diplomática y lograron abandonar el país y recuperar su libertad tras 412 días.

En medio de la incertidumbre y la confusión por lo ocurrido, el régimen quiso instalar que, en verdad, la liberación de los secuestrados fue acordada entre las partes. Sin embargo, fuentes inobjetables confirmaron a Infobae que se trató de una operación militar comandada desde los Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, quien, en sus redes sociales, celebró “el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro”.

“Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos”, escribió en su cuenta de X.

María Corina Machado enseguida expresó su “reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que hicieron posible” esta “operación impecable y épica por la Libertad de cinco héroes de Venezuela” y ratificó su compromiso asumido con los “900 héroes presos por esta tiranía” y los “30 millones de venezolanos”.

“Con la Libertad, vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de Prosperidad, Justicia y Paz!”, agregó, a la par que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, sumó su festejo: “¡Impecable!“.

El pasado 20 de marzo de 2024, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos ingresaron en la sede argentina en busca de refugio, a raíz de la persecución que Maduro mantenía en su contra, por colaborar con María Corina Machado y su equipo electoral.

Originalmente, el dirigente opositor Fernando Martínez Mottola también formaba parte del grupo, aunque abandonó el lugar el 19 de diciembre y acabó falleciendo el 26 de febrero de este año.

Desde el primer día, los disidentes fueron víctimas de un constante asedio por parte del Palacio de Miraflores, de “todo tipo de atropellos físicos, mentales y emocionales” y de la violación constante de sus derechos, incluido el Derecho Internacional y, especialmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Sin embargo, la situación empeoró en el último tiempo, cuando una serie de cruces entre el presidente Javier Milei y Maduro obligó a la delegación argentina a abandonar el país y a dejar el edificio en manos de Brasil, quien se encarga de la custodia hasta tanto Buenos Aires designe a otro Estado que Maduro considere “aceptable” para tales tareas.

Lo que siguió a este hecho fue solo una escalada del hostigamiento al lugar.

Durante días, el Palacio de Miraflores mantuvo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en el frente de la Embajada, bloqueando las calles cercanas y hasta impidiendo el ingreso del propio personal.

Asimismo, prohibieron el paso a camiones cisterna y cortaron el suministro de servicios básicos, obligando a los disidentes a recurrir a métodos precarios de supervivencia por meses, como el consumo de alimentos enlatados, el uso de un generador o de paneles solares y el racionamiento de otros recursos básicos.

“Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa, ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega”, denunció a finales de abril el grupo, que expuso así la precaria situación en la que estaban viviendo.

Asimismo, los disidentes pidieron en aquella oportunidad al Gobierno de Lula da Silva que exija con mayor “claridad y celeridad una solución diplomática para esta grave situación”.

“Es difícil no notar la contradicción en la forma en que el gobierno brasileño ha manejado casos similares, incluso involucrando a personas procesadas y condenadas por delitos graves, en los que la gestión eficiente y rápida de su gobierno para que se concedieran los salvoconductos fue evidente, algo que no ha ocurrido en nuestro caso que somos inocentes", cuestionaron entonces.