El tribunal que lleva en Venezuela la causa por “terrorismo” contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este lunes por tercera vez el inicio del juicio y alegó como causa medidas de “ahorro energético”.
La corte, que aplazó el juicio en las dos ocasiones anteriores por “falta de traslado” de la activista al Palacio de Justicia en Caracas, despachó a familiares y defensores cerca del mediodía, cuando funcionarios judiciales sostuvieron que la audiencia no podría hacerse por una política de “ahorro energético” que el gobierno ordenó en oficinas públicas hace unos días por una sequía.
San Miguel fue detenida hace 13 meses, acusada por las autoridades de estar vinculada con una operación para asesinar al dictador Nicolás Maduro.
La audiencia fue reprogramada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y de gobernadores en Venezuela.
San Miguel, experta militar de 58 años y quien también tiene la nacionalidad española, está recluida en el Helicoide, la temida cárcel en la sede del servicio de inteligencia venezolano, que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”.
Fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto que sirve a Caracas cuando se disponía a salir del país junto a su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y hoy se encuentra en libertad condicional.
Su ex pareja, un militar retirado, está preso por la supuesta conspiración.
La activista, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano padece una lesión en un hombro por una fractura que no ha sido atendida por médicos, según sus abogados.
La falta de atención médica y la naturaleza de la lesión llevaron a que San Miguel requiera, al presente, de una intervención quirúrgica, que su defensa insiste en que ocurra fuera del penal en el que está recluida, dado que allí no se dan las condiciones básicas para un procedimiento de esta magnitud.
Actualmente solo puede recibir visitas de su hija, mientras sus abogados de confianza denuncian que no han podido juramentarse como representantes legales. Su caso ha recaído en la defensoría pública, señalada de servir a la Fiscalía.
La ONG Provea advirtió, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el régimen de Nicolás Maduro tiene 121 presas políticas.
“En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y medio. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos”, denunció la organización, que destacó el caso de Rocío San Miguel.
“Rocío es inocente y víctima de un caso sin el debido proceso. Fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar a sus abogados de confianza” e impedida, también, de ser atendida por sus “médicos de confianza” por una fractura en su hombro derecho por la que desde “hace más de seis meses” necesita ser operada, sumó Provea.
“Rocío no puede ser sometida a una cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. No puede recibir una intervención por quienes tardaron cuatro meses en diagnosticarla. En reclusión no hay condiciones pata el postoperatorio ni para una rehabilitación digna”, cerró la ONG, que apoyó así el reclamo del entorno de la activista.
(Con información de AFP y EFE)
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