Un total de 31 organizaciones dijeron este martes que las recientes detenciones de tres personas en el estado Portuguesa (oeste) son “actos de persecución y represión” que “incumplen lo establecido en el Acuerdo de Barbados”, un pacto firmado entre el régimen de Venezuela y la coalición opositora mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
“Denunciamos y rechazamos ante la comunidad nacional e internacional, la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas”, expresaron a través de un comunicado.
Asimismo dijeron que Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez fueron detenidos “sin ninguna orden judicial” y por “presuntos funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, en el marco de una visita de la líder opositora María Corina Machado a Portuguesa, para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD para las presidenciales del 28 de julio.
Castillo es el director del comando de campaña de Vente Venezuela, el partido de Machado; Díaz es la vicepresidenta de la formación Primero Justicia y Castañeda participó en el acto opositor en el municipio Turén.
“Al ser el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana”, dijeron las entidades firmantes.
Las 31 organizaciones recordaron que el Acuerdo de Barbados establece la “promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”, así como “la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional”.
Exigieron al Estado “el respeto a la vida e integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente”, así como “el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza”.
Además, pidieron “el cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales”.
Organizaciones firmantes
Acceso a la Justicia
Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela (ALFAVICVZLA)
Asociación de Profesores de la UNELLEZ (APUNELLEZ) Barinas
Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
Asociación civil Los Naguaritos
Caleidoscopio Humano
CAMPO
Cepaz – Centro de Justicia y Paz
CIVILIS
Colegio de Profesionales de Enfermería del Edo Vargas
Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Yaracuy
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico (CTV-GUARICO)
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES-
Federación de Trabajadores del estado Apure (FETRAPURE)
Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan)
Hearts On Venezuela
Human Rights Institute
Ideas por la Democracia
Justicia Encuentro y Perdón
Monitor Social A.C.
Movimiento Vinotinto
Naufrago de Itaca Ediciones
Laboratorio de Paz
Observatorio DDHH Llanos
Observatorio de Violencias LGBTIQ+
ODEVIDA, Capítulo Venezuela
Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITE) filial de Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (FETRASINED)
Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto
Voto Joven
(Con información de EFE)
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