A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana acordaron celebrar elecciones presidenciales en 2024, el proceso comicial sigue en el limbo, sin fecha definida ni condiciones claras. Mientras el tiempo transcurre, la dictadura chavista sigue arremetiendo contra la disidencia, cerrando espacios democráticos, e inhabilitando a candidatos porque sabe que su paso por las urnas es una derrota cantada.
El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela, que vive una situación de incertidumbre política que se ha agravado tras la ratificación de la inhabilitación política por 15 años de la candidata opositora María Corina Machado, la detención arbitraria de parte de su equipo de campaña y la desaparición forzosa de la activista por los DDHH Rocío San Miguel.
Para Vente Venezuela, la tolda política de María Corina Machado, estas detenciones forman parte de un “patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que el régimen ha emprendido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil que de manera valiente han decidido elevar la voz por la ciudadanía, a través del ejercicio de sus derechos sociales y políticos para recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de este país”.
En este contexto, las elecciones presidenciales previstas para este 2024 se presentan como una oportunidad para buscar una salida democrática a la crisis, pero también como un desafío para el chavismo para garantizar la participación, la transparencia y la legitimidad del proceso. Sin embargo, en el panorama político de Maduro y su cúpula el escenario de elecciones libres y con garantías para todos, no forma parte de sus prioridades.
En su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que las elecciones presidenciales en Venezuela perderán legitimidad si no se rehabilita a la líder opositora María Corina Machado.
“La inhabilitación de Machado es un ejemplo más de cómo el gobierno de Maduro usa el sistema judicial para perseguir y castigar a sus adversarios políticos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Las dudas sobre la legalidad y transparencia de estos comicios han sido una constante. Son quizás la última esperanza del pueblo venezolano para intentar librarse de Maduro, quien se aferró al poder tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013.
Es de esperar que las presiones internacionales contribuyan a que el proceso comicial efectivamente sea libre, con respeto por los resultados. Sin embargo, para la elección más trascendente en la historia del país, los venezolanos no saben aún ni dónde ni cuándo van a votar.
El pasado mes de octubre, tras largas negociaciones facilitadas por Barbardos, el dictador Nicolás Maduro y la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acordaron celebrar elecciones presidenciales durante el segundo semestre de 2024, con la presencia de observadores internacionales como la Unión Europea (UE). Sin embargo, desde entonces, son pocos los avances que se registran.
El representante de la dictadura en las mesas de diálogo, Jorge Rodríguez, desestimó la advertencia de Estados Unidos de que impondrá nuevas sanciones al crudo venezolano si no se permite la participación de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024.
“Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”, dijo Rodríguez.
En días recientes, el Parlamento, dominado por el oficialismo, convocó una consulta para elaborar una propuesta de calendario electoral. Para ello, el régimen y la oposición se reunieron por separado para negociar la fecha de las elecciones presidenciales.
Entre un hermetismo total, diversos voceros han dado pistas de algunas de las propuestas hechas por los asistentes a las reuniones con el chavismo.
Las fechas propuestas por los actores serían: 14 de abril, 1°. de mayo, 1°. de junio, 5 de julio, 28 de julio, 15 de septiembre y 6 de octubre. Pero aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente controlado por el chavismo encargado de convocar los comicios.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aclaró mediante un comunicado que no envió ninguna propuesta de cronograma electoral a la reunión llevada a cabo con el chavismo en el Palacio Federal Legislativo.
“Exigimos una vez más que se activen de manera inmediata operativos masivos de actualización e inscripción del Registro Electoral (RE) para los casi 10 millones de venezolanos dentro y fuera del territorio que requieren realizar dichos trámites”, dijo la oposición en un comunicado.
“Nos mantenemos firmes en el camino del cambio por la vía electoral y esperamos que esta reunión sea el reinicio por parte del régimen del cumplimiento del acuerdo de Barbados y no continúen evitando someterse a la decisión soberana de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere cambiarlos haciendo uso del poderoso mecanismo del voto”, agrega el texto.
El jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Gerardo Blyde, indicó por su parte que aceptó esta reunión solo porque los facilitadores estuvieron presentes y dijo haber consignado escritos que denuncian violaciones al acuerdo de octubre y una “escalada de represión con inhabilitaciones políticas y arrestos”.
Blyde exigió que María Corina Machado, candidata elegida en las primarias de la Plataforma, sea habilitada para participar en las elecciones pese a una prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.
Además indicó que propusieron que las elecciones sean en diciembre, aunque “no se concretó en lo absoluto todavía (…) una fecha concreta”. “Prefiero no detallar con exactitud todo lo que hablamos”, indicó Blyde.
El representante de la oposición también rechazó la reciente orden de la dictadura de suspender las operaciones de la oficina local del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país caribeño. Señaló que una de las razones para que las conversaciones se realizaran fuera del país era precisamente “estar libre de presiones o manipulaciones mediáticas”.
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