Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, aseguró este martes que el levantamiento de sanciones a Venezuela se hará bajo dos condiciones: revertir las inhabilitaciones políticas y liberar a todos los presos políticos.
En entrevista con NTN24, el periodista Gustau Alegret le preguntó si la inhabilitación a Maria Corina Machado se solucionará, a lo que Nichols respondió: “Yo confió en que se va solucionar, y por parte de los Estados Unidos siempre hemos entendido que se va solucionar ese tema”.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina sugirió que si no se soluciona no se podría avanzar en el levantamiento de sanciones.
“Yo confío en las partes de que se va a solucionar ese reto en un tiempo muy razonable”, dijo Nichols.
El alto funcionario estadounidense también se mostró preocupado por el tema de los presos políticos, y dijo que espera que también se solucione. Y se mostró optimista con las negociaciones entre el chavismo y la oposición que se celebran en la isla de Barbados.
“Yo creo que es muy claro que las partes quieren un proceso por el bienestar de los venezolanos y es clave solucionar esos dos temas”, dijo.
Además, señaló que se si no cumplen esas dos condiciones no va haber una elección competitiva que represente la voluntad del pueblo venezolano.
“La comunidad internacional está para apoyar ese proceso pero las partes tiene que seguir avanzado hacia eso y rápido, lo cual es importante para todo”, dijo Nichols.
Por último, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latin fue reiteró la importancia de levantar las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos
“No veo la posibilidad de que el fondo, el propósito, de ese acuerdo sea cumplido sin esos dos paso, y por lo tanto esperamos que se va a cumplir”, señaló
Machado, que lidera las encuestas para las primarias opositoras del próximo 22 de octubre, fue inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, luego de una investigación patrimonial que atenta contra la “ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía” de Venezuela.
La inhabilitación fue repudiada por la comunidad internacional, que denunció la persecución sistemática por parte del chavismo contra los líderes opositores.
Machado cuestionó el acuerdo firmado entre la oposición y el régimen
Por otra parte, Machado cuestionó el acuerdo firmado entre un sector de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro: “No arroja certezas”, subrayó.
En un comunicado -dirigido a los venezolanos y a la comunidad internacional-, y publicado en sus redes sociales, la líder de Vente Venezuela enfatizó en que no ha participado en las negociaciones y que desconoce su alcance preciso.
“El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024″, manifestó Machado.
Luego expresó que, en el pasado, “el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, si no que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos”.
El chavismo negó que el acuerdo con la oposición levante las inhabilitaciones políticas
Por su parte, la delegación del régimen de Venezuela negó el martes que el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contemple el levantamiento de las inhabilitaciones impuestas a políticos para ejercer cargos públicos, de cara a las presidenciales de 2024.
“Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde (...) pues tampoco puede ser candidato”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, luego del acto de firma de los acuerdos, al que acudió como líder de la delegación del chavismo.
Remarcó que los derechos establecidos en el pacto están condicionados por la ley de procesos electorales y la ley de contraloría y otras disposiciones que constituyen “el entramado a través del cual se establecen los requisitos para participar”.
Recordó que el acuerdo habla de promover una “autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección”, prevista para el segundo semestre de 2024.
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