En la actualidad, el aborto en la Argentina es considerado un delito, salvo cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación, según establece el artículo 86° del Código Penal desde 1921. Al código se le sumó en 2012 un fallo de la Corte Suprema (F.A.L.), que establece pautas claras para garantizar el acceso.
Así las cosas, el tema ocasionó la renuncia del ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, quien dejó su cargo tras el revuelo que ocasionó la aprobación la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” que regía desde el 2015 de acuerdo a “normativas internacionales”, que fue anulado por el entonces presidente Mauricio Macri.
“Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado, por dos razones centrales. Por un lado las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. En el Código Civil y Comercial del 2015 se incluyeron derechos que no estaban en el protocolo del 2015. Y la segunda parte es que la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y eso usando cánones internacionales está puesto en este nuevo protocolo”. Así justificaba el ministro de Salud Ginés González García la presentación del nuevo protocolo, que presentó a dos días de asumir en su cargo.
Y sentenció: “Iniciamos un camino que es el de aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente están en situación de interrupción voluntaria del embarazo”.
En este contexto, la Universidad de San Andrés presentó los resultados de su Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, en la que consultaron la opinión sobre el decreto que aprueba la interrupción voluntaria del embarazo para casos no punibles y sobre el aborto en casos de violación, riesgo de vida de la mujer gestante, malformaciones y defectos genéticos (los ya legislados desde 1921) y en cualquier caso en el que la mujer desee abortar.
Entre los resultados, el 43% de los encuestados está de acuerdo con el aborto en cualquier caso en el que la mujer quiera abortar. Y se observó que cuando se trata de la decisión de la mujer, el grado de acuerdo en relación al aborto disminuye levemente a medida que aumenta la edad.
Asimismo, el acuerdo con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo es del 51% y se ubica en la mitad del ranking sobre las medidas tomadas por el actual Gobierno, entre las que se mencionó el congelamiento de tarifas por 180 días y el impuesto del 30% a la compra con tarjetas de crédito en el exterior.
En los casos en que el aborto es no punible en la Argentina, el 82% de los encuestados dijo estar a favor del aborto en caso de violación y CABA, el Gran Buenos Aires y la región de fueron las que mayores opiniones favorables presentaron.
Y mientras en todas las generaciones existe un alto grado de aprobación (>75%) en relación al aborto en caso de violación, el 95% de los no creyentes están de acuerdo con el aborto en caso de violación, en tanto en el segmento más religioso cae al 69%.
Cuando la vida de la mujer gestante está en riesgo, el 72% de los encuestados se manifestó de acuerdo con el aborto. En tanto en caso de riesgo de la salud de la mujer gestante, el acuerdo es unánime: aumenta a medida que aumenta la edad pasando de 74% a 92%.
En caso de malformaciones del feto, el grado de acuerdo desacuerdo no sigue una relación lineal: entre los mayores, hay mayor acuerdo (>60%) y en la población muy religiosa las actitudes están divididas en mitades (de acuerdo el 47% y en desacuerdo el 48%).
La muestra fue estratificada por provincias con cuotas de edad y nivel socioeconómico. La encuesta se realizó por la casa de estudios en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vía el Panel online de Netquest. Las provincias fueron agrupadas en cinco regiones (NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires) y la muestra fue proporcional al tamaño de cada jurisdicción.
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