El Servicio de Hidrografía Naval opera hace 145 años en el país. Parte de la Armada Argentina, que depende del Ministerio de Defensa, provee información clave para la seguridad de navegantes y embarcaciones, con datos sobre mareas y faros, cartografía, etcétera. Hoy, su sitio web se encuentra caído.
El capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, alias “Tapita”, alias “El Negro”, nacido en San Lorenzo, provincia de Salta, se encontraba destinado allí diez años atrás. La posición del joven oficial era particularmente sensible: en aquel entonces, Tapia Ruiz era el tesorero del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Servicio.
La semana pasada, la Justicia federal condenó al capitán por un curioso truco con los números del Servicio, cometido diez años atrás, un truco que involucró el desvío de pagos de la empresa Mundo Marino SA, que operaba un predio propiedad de la Armada en San Clemente del Tuyú.
A comienzos de este mes, el Tribunal Oral Federal N°8 le dio la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de peculado, la malversación de dinero público. Los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María López Iñiguez lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. También, lo condenaron a que restituya “al Estado Nacional el monto sustraído, que a la fecha se corresponde con la suma de $274.696.471,11″ conforme la actualización del “Coeficiente de Estabilización de Referencia” aplicado en el expediente.
El dólar robado sube igual
Tapia Ruiz, de acuerdo a los fundamentos del fallo, a los que accedió Infobae, deberá pasar por la caja judicial a los diez días de la hipotética confirmación del fallo en su contra.
El número del resarcimiento es casi un paso de comedia de la historia argentina reciente. El robo en la Armada ocurrió el 5 de noviembre de 2015. La causa en Comodoro Py comenzó al año siguiente. El fallecido fiscal Jorge Di Lello pidió elevar el caso a juicio el 2 de octubre de 2019, un año y medio antes de su muerte. El monto del robo fue de 1.849 millones de pesos, “equivalente a 190.618 dólares al momento de los hechos”, asegura el texto de los fundamentos del fallo.
La fiscalía de juicio, a cargo de Marcelo Colombo, pidió condenar por mucho más. Los representantes de la fiscalía ante el Tribunal Federal N°8 “entendían adecuado aplicar la tasa activa del Banco Nación mediante capitalización mensual, lo que arrojaba, a febrero del año en curso, una suma de $ 315.466.089″.
El truco, la financiera y Guillermo Greppi
“Los caudales habían sido abonados por la empresa Mundo Marino S.A. en concepto de pago del canon anual correspondiente al año 2015 por la utilización de un predio, propiedad de la Armada Argentina, donde funcionaba el parque “Bahía Aventura”, ubicado en la ciudad de San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires. La obligación de pago surgía de un Convenio de Uso Compartido celebrado entre el Estado Nacional y dicha firma", aseguró el Tribunal N°8.
El fallo continúa: “Para concretar la sustracción, Tapia Ruiz orquestó una maniobra que comenzó el 5 de noviembre de 2015 con la alteración deliberada del modo en que regular y habitualmente la empresa abonaba el canon anual, valiéndose para ello del envío de una nota oficial sin protocolizar en la que se argüía falsamente un cambio en el sistema contable. De ese modo, logró que Mundo Marino efectuara el pago del canon anual en dos cheques de $924.500″.
Para justificar la jugada, Tapia Ruiz elaboró un recibo trucho, al que le estampó su sello y firma, y cuya imagen ilustra esta nota. El pago luego fue imputado, en parte, al Servicio de Hidrografía Naval del Reino Unido. La maniobra fue descubierta en febrero del año siguiente, cuando Tapia Ruiz salió de su cargo y Mundo Marino pidió una prórroga.
Esos cheques, sin embargo, no fueron cobrados por el Estado nacional. Terminaron en una financiera, llamada Recaudadora Centenario, presidida -según el expediente- por Guillermo Greppi.
Greppi, ligado al negocio de los cheques y a firmas como Propyme, se había vuelto conocido diez años atrás, cuando, en mayo de 2016, el juez Javier López Biscayart ordenó allanar su casa de Palermo tras una denuncia anónima. Allí, la Policía Federal encontró un millón y medio de dólares y 50 mil euros, entre cheques y pagarés.
El financista se convirtió en una nota al pie de la historia judicial de la corrupción kirchnerista cuando en 2013 el ex juez Norberto Oyarbide fue acusado de frenar un allanamiento en Propyme por órdenes de Carlos Liuzzi, el número 2 del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y un histórico vínculo de Greppi. El financista, sin embargo, terminó sobreseído en aquella causa. López Biscayart, en cambio, lo procesó por evasión fiscal.
Greppi declaró como testigo en el expediente contra el capitán Tapia. Allí, describió cómo funcionaba el circuito de recepción y cobro de cheques en su compañía. Sin embargo, aseguró que los dos cheques del capitán provinieron de otra financiera, llamada Orión, con la que su firma tenía “un convenio para la gestión del cobro de valores”.
El capitán Tapia intentó desligarse de la jugada en su indagatoria, al asegurar que el cambio de los cheques ocurrió tras su traslado en febrero de 2016. Sin embargo, el presidente de Mundo Marino SA lo complicó con su relato. El Tribunal aseguró que el militar condenado intentó “lograr su impunidad” tras la maniobra de los cheques.
El ejecutivo fue aún más atrás en el tiempo en su testimonio. Relató que, durante el año 2013, el imputado lo contactó fuera del ámbito del organismo. Mantuvieron reuniones en las oficinas de la empresa Mundo Marino en un bar cercano al edificio del Servicio Hidrográfico. Allí, le habría dicho que el canon se liquidaba de manera incorrecta y que “no le daban los números”.