A dos meses del incendio en la Cárcel de Mujeres de Bouwer que dejó como saldo la muerte de dos internas, Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33, la familia de la más joven de ellas reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario.
Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular en la causa y exige esclarecer las condiciones en las que falleció su hija mientras el caso avanza en la Justicia local.
El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2025, cuando Guadalupe Agostina Pedraza perdió la vida en una celda de aislamiento donde se encontraba junto a María Flavia Ramallo. La denuncia judicial sostiene que Pedraza permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial y no contaba con condena firme. Su traslado a Bouwer, según la versión de la familia, buscaba facilitar el contacto con sus allegados durante las fiestas, especialmente con su hija menor.
En este sentido, Romero, representada legalmente por el abogado Diego Casado, sostiene que la presencia de colchones inflamables en la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos constituyeron el escenario de riesgo extremo que dio lugar a su muerte.
Además, denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio de Pedraza y que otras internas fueron evacuadas antes que ella. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó Romero en la presentación judicial a la que accedió Infobae.
La querella también reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.
Asimismo, la familia de Guadalupe Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial. Por ahora, el eje del planteo apunta a que el Estado provincial asuma la posible responsabilidad civil e internacional por lo ocurrido.
Entre las medidas de prueba solicitadas por la querella se destacan la remisión del libro de guardia, los protocolos contra incendios, registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la nómina del personal de guardia, registros fílmicos, informes de autopsia y peritajes técnicos.
También pidieron que se tome declaración a testigos, internas y personal médico, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria para determinar si se cumplieron los protocolos de emergencia. La familia insiste en la necesidad de acceder a toda la documentación y registros que permitan reconstruir lo ocurrido en la madrugada del incendio.
El reclamo judicial impulsado por Valeria Soledad Romero busca que la investigación avance en la determinación de las responsabilidades individuales de los agentes penitenciarios y en la eventual responsabilidad civil e internacional del Estado provincial. Romero exige participar activamente en todos los actos procesales y manifestó: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”.
La causa continúa en el ámbito de la justicia provincial, donde se tramitan nuevas medidas de prueba y se revisan los protocolos de emergencia vigentes en la Cárcel de Mujeres de Bouwer. La familia de Pedraza mantiene el reclamo para que se investigue el accionar institucional, mientras espera respuestas claras sobre las condiciones que rodearon el incendio y la actuación del personal a cargo.