Cayó “Primo”, un informante de la Bonaerense vinculado a una trascendente causa narco de San Isidro

José Víctor “Primo” Gutiérrez es una pieza clave en una importante causa que investiga una presunta organización criminal que habría estado liderada por el ex fiscal Claudio Scapolán, dedicada a extorsionar a narcos con la ayuda de agentes de la Policía Bonaerense. Luego de permanecer cinco años prófugo, “Primo” fue capturado por agentes de Gendarmería.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, tras 15 meses de investigación que incluyó análisis de redes sociales e intervenciones telefónicas, gendarmes del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” detectaron que se movía, en horarios nocturnos, entre dos domicilios ubicados en la localidad de Trujui, en Moreno.

Tras ser geolocalizado, el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, libró las órdenes de allanamientos y detención sobre el fugitivo. En el expediente también interviene el fiscal Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro.

El operativo de irrupción se concretó con apoyo de las Fuerzas Especiales Alacrán, entre otras unidades de gendarmería, debido a que la vigilancia digital permitió determinar que “Primo” guardaba armas de fuego en ambas propiedades.

La causa por la que se lo investiga guarda relación con una organización narco criminal vinculada a Scopolán, actualmente destituido de su cargo, y al abogado Gustavo Semorile, detenido el 14 de febrero de 2024 por el mismo Escuadrón de Gendarmería junto a otros miembros, por asociación ilícita. A Gutiérrez se lo vincula por actuar como nexo entre bandas narcos, recaudador, informante, falso testigo y hasta de “policía trucho” para varias delegaciones policiales, entre otros delitos.

El detenido permanecerá alojado transitoriamente en las instalaciones del Escuadrón de Investigaciones a disposición de juzgado, indicaron las fuentes.

Quién es Claudio Scapolán

La última aparición pública del ex fiscal ocurrió de forma sorpresiva: a un lado de L-Gante durante el juicio contra el cantante por amenazas y privación ilegítma de la libertad.

Scapolán, quien supo estar a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, fue procesado en una causa que investiga una presunta asociación ilícita integrada por policías, abogados y funcionarios judiciales dedicada, entre otros delitos, a robar cocaína secuestrada a narcotraficantes para luego venderla. En ese marco, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires lo destituyó por mayoría en abril del 2023.

a primera denuncia contra el funcionario judicial fue realizada en el 2016 por la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. En octubre del 2021, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le había endilgado al ex fiscal un total de 10 delitos, donde resaltaba el de ser líder de una organización ilícita con operaciones vinculadas al narco y a la comercialización de droga.

Además de ello, lo acusó por instigación de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, extorsión, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así, la magistrada pidió su desafuero.

Meses después, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revisó esa decisión y atenuó su situación procesal: revocó el procesamiento por el delito de asociación ilícita y confirmó el de falsedad ideológica, que conlleva una pena que oscila entre uno a seis años de prisión.

En virtud de una acusación hecha por procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, a fines de 2022, Scapolán fue suspendido de sus funciones. En ese momento, además, se dispuso el embargo del 40% de su sueldo. Finalmente, el año pasado el Jury resolvió la destitución de Scapolán y decretó su inhabilitación para ocupar otro cargo judicial y el cese de los pagos que venía recibiendo.