Desarticularon una banda que desbloqueaba iPhones robados para reingresarlos al mercado

Entre los sospechosos detenidos por orden del juez Daniel Rafecas está el líder de la banda, quien ya tenía una pena de 3 años de prisión en suspenso por maniobras de phishing y extorsión. Hay damnificados en Colombia, Uruguay y España

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Apple no reparará iPhones que figuren como perdidos o robados. (foto: La Manzana Mordida)
Apple no reparará iPhones que figuren como perdidos o robados. (foto: La Manzana Mordida)

“Su teléfono marca iPhone robado ha sido geolocalizado”. El mensaje llegaba por una plataforma denominada “i-Server” y aportaba un link en el que había que loguearse con el usuario y contraseña de Apple. Pero todo era una trampa para lograr desbloquear masivamente los celulares que habían sido sustraídos, que luego eran reingresados al mercado. Tras una serie de allanamientos ordenados por el juez Daniel Rafecas, en las últimas horas se logró desbaratar a la banda y capturar a su líder. Hay damnificados en Colombia, Uruguay y España, explicaron fuentes del caso a Infobae.

En un trabajo coordinado en el que intervinieron los fiscales Paloma Ochoa y Horacio Azzolín, de Cibercrimen, se logró desbaratar una organización criminal liderada por Iván Cudde, de 33 años, e integrada por, al menos, otros cinco sospechosos: Luis Lurita Albornoz y Wilmer Arévalo Auror, de nacionalidad peruana, el uruguayo Denis Ghione Silva, y los argentinos Jorge Ramírez y Sebastian Raijelson.

Según las fuentes del caso, la organización criminal había sido montada en la Argentina, pero operaba internacionalmente. Además, contaron que su líder ya había sido condenado en mayo de 2023 por un Tribunal Federal de Rosario.

“Le dieron la pena de 3 años de prisión en suspenso por maniobras de phishing y extorsión. De hallarse culpable en esta nueva causa, Cudde deberá cumplir en prisión ambas condenas unificadas”, ampliaron.

Parte de lo secuestrado en los 12 allanamientos ordenados por el juez Rafecas
Parte de lo secuestrado en los 12 allanamientos ordenados por el juez Rafecas

¿Cómo operaban? En base a los detalles de la investigación a los que accedió este medio, la organización criminal “había creado una plataforma denominada ‘i-Server’ que permitía crear mensajes de texto (SMS) que aparentaban provenir de la firma Apple Inc.”.

Con esos mensajes les informaban al dueño del celular robado que su teléfono marca iPhone se había geolocalizado. “También le aportaban un link para ingresar a un sitio web, que simulaba ser de la firma Apple, donde finalmente el usuario engañado ingresaba sus credenciales de iCloud y así habilitaba el desbloqueo del teléfono a partir de su acceso ilegítimo”, detallaron la mecánica.

Pero había más, porque no sólo accedían al celular robado y a su control, sino que, además, la maniobra tenía un precio y ellos cobraban en dólares. “La plataforma criminal promocionaba sus servicios en Facebook por un costo mensual de USD120″, describieron.

Se incautaron 700 teléfonos
Se incautaron 700 teléfonos

Las fuentes del caso comentaron: “Sin este ‘servicio’ los iPhone no pueden ser reutilizados y baja su precio en el mercado negro. Desalienta el robo, si no hay cómo desbloquearlo. No sirven más que para repuesto”.

La Justicia tiene entre los damnificados a personas de Colombia, Uruguay y España.

Con toda esta información, el juez Rafecas dispuso en las últimas horas 12 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe en los que también trabajó la Gendarmería Nacional. Allí se secuestraron 700 celulares, además de computadoras, dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, un arma de fuego y vehículos, destacaron. También dos locales comerciales fueron clausurados.

Gendarmería colaboró con los operativos
Gendarmería colaboró con los operativos

Los detenidos ya fueron indagados por el juez Rafecas y se les imputó los delitos de fraude y acceso ilegítimo a sistema informático, violación a la ley de Marcas, encubrimiento, asociación ilícita y averiguación por lavado de activos. Todos fueron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal mientras continúa la investigación, que quedó delegada en manos de los fiscales intervinientes, Ochoa y Azzolín.

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