En la madrugada de hoy miércoles. la División Trata de Personas de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- arrestó a Johana Romero, buscada desde mediados de 2021 por prostituir a I., su sobrina de crianza, de apenas 15 años al momento de los hechos, una adolescente oriunda de José C. Paz.
La acusada, investigada por la UFI N°14 de San Martín, cayó en el asentamiento Santa Isabel de Mariano Acosta, donde vivía con sus dos hijos menores, tras ser rastreada con seguimientos e intervenciones telefónicas. El premio para quien la traicione era grande, una de las mayores recompensas del país: el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido $5 millones a quien entregue información que lleve a su captura.
De acuerdo a su testimonio, I. fue entregada a un grupo de comerciantes peruanos que abusaron de ella. Según investigadores, Romero es la supuesta explotadora y cobradora del dinero de sus violaciones. Creen que, literalmente, intentó digitar la situación desde el minuto cero. Se sospecha que intentó coimear a la madre de I. para que se ajuste a su relato y que incluso una amiga de Romero acompañó a la madre para hacer la denuncia y así vigilarla de cerca. La amiga, extrañamente, nunca se presentó a declarar en la causa.
Romero, ex empleada de la Municipalidad de José C. Paz, estaba embarazada al momento de profugarse. Se sospecha que tuvo a su hijo en algún momento, pero un relevo intensivo de hospitales no indicó el parto. La impunidad con la que se movió mientras la ley la buscaba fue notable. Infobae pudo constatar a través de sus registros que, al menos hasta noviembre de 2022, todavía cobraba un plan social del Programa Hogar para acceder a una garrafa.
Fuentes del expediente aseguraron a este medio que la madre de Romero, una figura de peso en los entramados barriales de José C. Paz, fue investigada por supuestamente asistirla en su fuga, lo mismo una serie de primas de la imputada, en uno de los casos de prostitución infantil más aberrantes de la historia reciente.
La trama del caso es perversa en todo sentido. I., de 15 años, regresó a su casa el 28 de septiembre pasado. Su familia y las autoridades la buscaban desde el 20 de julio. Llegó a una casa de la calle Marcelo T. de Alvear en José C. Paz, su zona. El lugar era el domicilio de un vecino que conocía, un lugar donde también había . La adolescente simplemente tocó la puerta y se anunció en el lugar.
Al saberlo, una mujer alertó a la División Trata de Personas de la Policía Federal. Así, la menor fue contenida e ingresó al Programa Nacional de Rescate para víctimas de trata, que tomó su testimonio. Los investigadores en un expediente a cargo de la UFI N°14 de San Martín sospechaban que I. había sido captada y prostituida en todo ese tiempo. Sin embargo, su aparición fue sumamente sospechosa. Para los detectives, parecía ser una escena montada por sus captores con un guion escrito.
“La largaron”, hipotetizaba una alta fuente con acceso al expediente. La menor era un contrabando caliente para ese momento. Su foto se difundía con velocidad, hubo marchas para reclamar por su aparición en José C. Paz. El Gobierno bonaerense había prometido una recompensa de cuatro millones de pesos para quien aportara información que llevara a encontrarla.
Luego, la menor dio su testimonio. La investigación de la Federal ayudó a completar la versión de qué había ocurrido de esas tres semanas en la nada. La habían violado tras separarla en su familia, una y otra vez, primero en cuevas en Liniers, luego en una quinta en General Rodríguez donde se organizaban fiestas sexuales.
Cuatro presuntos abusadores fueron identificados y arrestados, entre ellos Fernando Adolfo Sánchez Rojas, que fue detenido en su auto tras una alerta del Anillo Digital porteño, acusado de ser el responsable de la quinta donde los abusos eran cometidos. Otro de ellos es Harry Wilber Liñán Ruiz, de nacionalidad peruana como Rojas, otro comerciante.
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