La cruel muerte de Saulo Rojas: condenaron al cuidador de una granja para adictos por el suicidio de un paciente

El primer juicio contra una comunidad terapéutica para la recuperación de personas con consumo problemático de drogas terminó en condena. El Tribunal Oral 4 de San Isidro castigó al único imputado con una pena de tres años de prisión. Se trata de Ángel Oscar Súñez, ex empleado de seguridad de la comunidad, de 45 años, considerado autor del homicidio culposo del joven Saulo Rojas, quien se suicidó en la Fundación San Camilo, de Pilar.

Súñez era el encargado de proteger la integridad física de Rojas, que además de su adicción era insulinodependiente, la noche del 14 de julio de 2013. El joven, de 23 años, fue encerrado en una celda de aislamiento (”engomado” en la jerga carcelaria que, no casualmente, también utilizaban en la “granja” San Camilo): deprimido porque le habían dicho que lo iban a trasladar a una sede de la fundación con más restricciones a su libertad, sin su insulina y con el cinturón, elemento que usó para quitarse la vida.

El juez Juan Facundo Ocampo, del Juzgado Correccional 4 de San Isidro, condenó entonces a Súñez a la pena de tres años. Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, el ex vigilador, sobre quien todos los internos de San Camilo coincidieron en señalar como un maltratador, no irá a prisión hasta tanto la sentencia quede firme.

“Obrando negligentemente aisló en una habitación en construcción (...) al paciente Saulo Josías Rojas, violando de tal forma el deber de cuidado que le era exigido, con una actuación deficitaria por no haber advertido que el nombrado poseía un elemento con el cual podía atentar contra su vida”, describió el juez Ocampo los hechos por los cuales encontró culpable del homicidio culposo al vigilador.

“La decisión del juez fue aceptar lo que habíamos pedido, tres años más diez de inhabilitación para ejercer en cualquier tipo de trabajo de vigilancia o cuidado de personas. También queda la posibilidad de hacer algo para que los dueños de San Camilo puedan ser condenados, quizás si se reúnen los testimonios escuchados el día del juicio y se pueda hacer justicia por tantas cosas aberrantes que vivieron ahí cientos de chicos durante 20 años”, afirmó a Infobae Miriam Lucero, mamá de Saulo, después del veredicto.

Lucero se refiere al director terapéutico de la fundación, Alejandro Jacinto, y al Director General y propietario de San Camilo, Martín Iribarne. Ambos directivos esquivaron el castigo penal por no tener antecedentes penales y fueron sobreseídos al aceptar una probation.

San Camilo funcionaba de manera irregular, pero recién en 2017, cuatro años después de la muerte de Saulo, fue clausurada. Las deficiencias, según la investigación que hizo el fiscal Jorge Noceti Martín, de la UFI 4 de San Isidro, eran del conocimiento no sólo de Súñez, sino de Iribarne y Jacinot.

“Alojaba más internos que aquellos que la habilitación permitía, contaba con rudimentarias y deficientes condiciones edilicias”, explicó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio de la causa.

Para el juez, Súñez no respetó los derechos consignados en la ley de salud mental actual. “Ni siquiera procuró tener el control de haber sacado al ingreso a esa habitación de la víctima el cinturón que llevaba puesto”, escribió el magistrado en su sentencia. Y amplió: “No hay dudas de que de haber sido diligente y haberle quitado el cinturón hubiera implicado evitar el resultado”.

Saulo fue encerrado en un pequeño cuarto en construcción de 16 metros cuadrados, con un colchón en el piso, con ventanas sin vidrio para que los internos no se lastimen, pero en pleno invierno. En ese sentido, el juez también remarcó que “engomar” a un paciente con problemas de salud mental en una habitación con apenas un colchón y sin ventanas “era violatoria”.

Rojas había nacido en Mendoza. A los 18 años, varios centros terapéuticos de su provincia le negaron atención al argumentar que la situación de adicción a diferentes drogas ilegalizadas y su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”. Así, el Estado dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia. Ese lugar fue la Fundación San Camilo, adonde llegó el 22 de junio de 2012. Moriría ahí poco más de un año después.

El castigo y el encierro están prohibidos por la ley de salud mental. Sin embargo, Saulo entró en esa celda a las 8 de la noche del 14 de julio. Estaba bajo una situación de depresión porque lo habían castigado después de que volviera de una salida transitoria con plata y ropa nueva. Un compañero atestiguó que “podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared”. Además, lo encerraron sin su dosis diaria de insulina.

Testimonios de internos de San Camilo aportados a la Justicia gracias al trabajo del abogado de Miriam, Yamil Castro Bianchi, y del periodista Pablo Galfré, autor del libro “La Comunidad”, donde revela el desastre de San Camilo y la muerte dudosa de Rojas, confirmaron que Iribarne y Jacinto, tras conocer la muerte de Saulo, ordenaron que instalaran muebles y una cama en el lugar donde había muerto el joven para “aparentar” que era una habitación. A Miriam la llamaron y le dijeron que su hijo había tenido un infarto.

“Esto es histórico. Es la primera vez que hay una sentencia, un primer condenado por una muerte dudosa dentro de una institución de salud mental. Nunca había pasado en Argentina desde que se sancionó la ley. La Justicia y el Estado no hicieron nada para que esto pase, fue el trabajo de Miriam, de Castro Bianchi y quien habla. Y la fiscal de juicio Valeria Oyola”, consideró Pablo Galfré.

En su alegato, la fiscal nombró y recordó a Felipe Mariñansky, el otro muerto de San Camilo, muerto el 3 de junio de 2013, once días antes de la muerte de Rojas. “Sabemos de San Camilo gracias a Saulo. Y Oyola le pidió al juez que se investiguen los delitos que se denunciaron en mi libro y en la instrucción: torturas, privación ilegal de la libertad, secuestros y abuso sexual. Se vivieron horrores en San Camilo”, comentó Galfré, que tiene contabilizadas al menos 17 muertes dudosas en los últimos ocho años en comunidades de Pilar.

“Mi corazón está aliviado, más que nada porque si hago una suma de lo conseguido desde la partida de mi hijo se logró cerrar el lugar y rescatar a más de 60 personas. Que esta persona tenga que cumplir tres años de prisión es una gran luz para empujar para que la ley de salud mental se implemente con recursos y para abrir los ojos de las familias para que vean a dónde llevan a sus hijos. Fueron días muy duros pero no es un punto final esto. Hay muchas cosas todavía por qué luchar”, cerró Lucero, emocionada.

SEGUIR LEYENDO: