El miércoles 4 de noviembre, la Policía Bonaerense y la Policía Federal realizaron más de 60 allanamientos en el marco de un megaoperativo contra el tráfico y tenencia de pornografía infantil, con objetivo a lo largo de la provincia de Buenos Aires. La información y el software para realizar los procedimientos fue provista por la agencia Homeland Security (HSI) del Gobierno estadounidense, con la participación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF porteño.
Hubo 12 detenidos entre ambas fuerzas en más de una decena de municipios, detectados gracias a los movimientos de imágenes que realizaron, bajadas y subidas en viejos sistemas Peer to Peer como Ares o eMule, empleados con frecuencia a comienzos de siglo y que luego quedaron en desuso, pero que nunca fueron clausurados. En la lista de arrestados, hubo uno que llamó poderosamente la atención: C.M, de 51 años, fue capturado por la Policía Federal en su casa de la localidad costera de San Cayetano, jurisdicción de Necochea, en un caso a cargo del fiscal Marcos Bendersky, de la UFI N°10 de la zona. Resultó ser un policía de la Bonaerense. Su rango: comisario inspector en actividad, destinado a una sub DDI de la Costa Atlántica.
Su archivo era particularmente aberrante: Homeland Security y una alerta paralela del sistema internacional NCMEC lo habían señalado por un trafico conjunto de más de 600 items cuyos nombres de archivo indicaban la presencia de niñas de 4 a 7 años inclusive en situaciones de abuso explícito a manos de adultos. Así, lo arrestaron, le incautaron ocho teléfonos, dos computadoras y dos armas de fuego y lo enviaron a una celda de la zona.
Luego, salió. Su abogada apeló. La jueza del caso, contra las advertencias del fiscal, decidió soltarlo bajo palabra, caución juratoria, en un fallo con fecha del 5 de noviembre al que accedió Infobae.
La magistrada Aída Lhez, del Juzgado de Garantías N°2 de Necochea, consideró que no había riesgo de entorpecer la acusación, que los dispositivos ya habían sido secuestrados y que el comisario inspector no evadiría la causa al tener un domicilio fijado. También, valoró que el comisario, que se negó a declarar, no tenga antecedentes penales.
Bendersky no tardó en apelar ante la Cámara local para que la decisión sea revocada. Argumentó en su apelación que el policía “puede darse a la fuga, o intentar influir sobre la prueba, como también, continuar hechos delictivos de enorme gravedad como los investigados en autos” y que “habiéndose realizado, recientemente, allanamientos y el secuestro de equipos tecnológicos en el domicilio del causante, los que no se encuentran aún peritados, existen mas que sobrados motivos para presumir que en libertad el causante intentará destruir, modificar, suprimir o falsificar medios de pruebas”, continuó.
Luego, sus términos se volvieron más fuertes. “Tampoco debemos olvidar que el causante, en su función de efectivo policial, fue capacitado por el Estado provincial para evitar la comisión de delitos, no para cometerlos, situación que también debió ser tenida en cuenta por la magistrada y no ocurrió”, afirmó Bendersky.
La apelación incluye un párrafo con una situación potencialmente más oscura. “El defensor Particular, agrega que las imágenes compartidas son por un correo electrónico de la hija. Esta situación, que claramente intenta desvincular al imputado de la causa, y que fue expresada frente a la magistrada, genera que de haber recuperado la libertad, debe interpretarse como un posible indicio de peligrosidad procesal, específicamente en cuanto (el imputado) podría influir sobre sus hijas y obstaculizar la averiguación de la verdad”.
La apelación fue ingresada a la Cámara y espera su resolución. La jueza Lhez asegura, en diálogo con Infobae:
“Lo cierto es que el delito es excarcelable por el monto de pena que tiene. Es una excarcelación ordinaria, que, precisamente se prevé desde la legislación. El peligro procesal se contempla desde monto. También, corresponde valorar por el juez la situación. Tiene arraigo en el medio, familia, hijos, no hay indicador de que se pueda dar a la fuga. Se secuestraron los aparatos, no hay de qué agarrarse de apartarse del principio de libertad durante la investigación”.
La jueza afirma que no tuvo acceso al material por el cual fue detenido C.M. También, habla de la existencia de un margen de error: el IP detectado en la causa también es empleado por otras personas en San Cayetano.
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