El caso de la mujer que formó una banda para secuestrar a su propia hija y exigirle $200 mil al ex marido

Algo más de dos meses le llevó a la fiscal federal de Mendoza María Alejandra Obregón y a Santiago Marquevich -titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos de la Procuración- desentrañar la verdadera historia detrás del supuesto rapto de una madre y su hija de tres años que derivó en un resultado inimaginable. Según la investigación, fue la mujer la que se encargó de formar una banda y llevar adelante el secuestro de la nena con el único objetivo de cobrarle una importante cantidad de dinero al ex marido y padre de la menor.

Todo comenzó el 30 de mayo pasado después de que A.K.B., un comerciante de la capital mendocina, recibiera un llamado telefónico en el que le indicaban que tenían secuestradas a su ex esposa, Graciela Beatriz Herrera Bazán, y a su pequeña hija.

En la comunicación, un hombre le exigió que para liberarlas tenía que hacer un pago de $200 mil que debía ser entregado en las inmediaciones del Mendoza Plaza Shopping, un centro comercial ubicado en la localidad de Guaymallén.

Para que al comerciante no le quedaran dudas de que era en serio, le mandaron dos fotografías a través de WhatsApp donde estaba Herrera arrodillada con las manos en su espalda, al lado de la pequeña. En los mensajes de texto que le enviaron se leían frases como "Dale atendé", "no llames a la gorra" o "cuánto vale". Pero los secuestradores no se conformaron con esto.

Casi en simultáneo, según documentación de la causa a la que accedió Infobae, también llamaron a la mamá de Herrera y la instaron a que convenciera a su ex yerno de que pagara por la liberación de las dos víctimas. "Madre, tenemos a su hija, trate de hablar con A. porque no nos quiere atender", le dijo una voz en el teléfono, e inmediatamente le llegó la foto de Herrera de rodillas con un mensaje: "Cuánto vale la vida de tu hija".

Todos los llamados y mensajes de texto, descubrieron los fiscales, se hicieron desde el celular de Herrera Bazán.

Mientras trataba de razonar con los secuestradores, A.K.B. hizo la denuncia ante la fiscalía de Obregón, que ordenó intervenir teléfonos. Fueron poco más de seis horas de drama y negociación, pero finalmente, el hombre logró acordar el pago de $28.000 para que las liberaran, un margen considerablemente menor.

Siguiendo las indicaciones de los delincuentes, el comerciante dejó el dinero en una bolsa blanca dentro de un balde de pintura que tenía una bandera y que se encontraba en el fondo de una casa en el barrio Asentamiento Buena Nueva de Guaymallén, que después de la investigación comprobaron que era propiedad de una mujer identificada como Natacha Soledad Juri Calderón, que terminaría imputada como miembro de la banda.

Las víctimas finalmente fueron liberadas. Fue la propia Herrera Bazán la que se comunicó y dijo que tanto ella como la menor estaban en buen estado de salud. Sin embargo, a partir de los testimonios del comerciante, de las contradicciones que mostró la mujer después de haber sido liberada y de las intervenciones telefónicas, se descubrió la increíble trama de engaños y extorsión.

Desde el minuto uno, el papá de la niña sospechó de su ex mujer. Según declaró, hacía no mucho tiempo se habían separado y hasta diciembre ella controlaba una gran cantidad de dinero que se manejaba usualmente dentro del negocio.

Tras el fin de la relación, días antes del secuestro, Herrera le pidió dinero a su ex marido, pero el hombre sólo accedió a darle la mitad de lo que pretendía.

"Tengo la fuerte sospecha de que Graciela tiene algo que ver con esto, porque hasta diciembre ella manejaba un caudal de dinero muy importante que yo le entregaba… Alrededor de un mes después, nos estábamos separando. La semana pasada me pidió prestados $7.000 y yo le presté $3.500, eso la enfureció", aseguró en su declaración.

Otro hecho que acrecentó sus sospechas fue que el 31 de mayo (un día después del secuestro) A.K.B. tenía planificado un viaje. Para el comerciante la fecha elegida fue más que una casualidad.

Por las intervenciones telefónicas, los fiscales pudieron descubrir que Juri Calderón -la propietaria de la casa en la que los secuestradores buscaron el dinero del rescate- se comunicó con dos presos de un penal a quienes les confesó que había participado del secuestro de Herrera Bazán y su hija. Lo hizo con el objetivo de lucirse frente a ellos, ya que el caso había salido en los medios locales. "El otro día hicimos un secuestro, no sé si viste el noticiero… de la mina y de la nenita… bueno nosotros dos lo hicimos con otro gil más… recibe la plata acá atrás de mi casa", le dijo la mujer al recluso.

En esa comunicación reveló, además, un detalle que se convertiría en el principio del fin de la banda. Según la escucha, Juri le dijo que había participado del secuestro en complicidad con dos hombres: Roberto Carlos Ramírez Aquino (alias "el Moneda") y Hernán Ezequiel Barroso Ochoa. Este dato fue fundamental, ya que la policía pudo detenerlos apenas comenzó agosto y así obtener información que resultó ser muy valiosa.

Al prestar declaración indagatoria, los sospechosos se quebraron y coincidieron en que el secuestro había sido planificado por Herrera Bazán y una amiga de ella, identificada como Johana Adaro, apodada "Morena".

Todos los integrantes de la banda fueron imputados por el juez federal de Mendoza Marcelo Garnica, por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por ser una de las víctimas menor de edad.

La madre de la chica convertida en supuesta líder de la organización  siempre negó su participación en el hecho. Incluso, junto a las otras dos mujeres, apeló la imputación pero la Cámara Federal de Mendoza le negó el pedido y ratificó la calificación pedida por los fiscales el 29 de octubre último.