El PAMI difundió una serie de recomendaciones dirigidas a sus afiliados para que puedan identificar y evitar situaciones de estafa o manipulación, tanto en la atención presencial como en los canales digitales. El instituto difundió a través de sus canales oficiales una guía con consejos ante acciones de mala fe en las consultas que se realizan tanto de forma presencial como en las redes y las vías de comunicación digitales.
El primer eje de las recomendaciones apunta a la protección de la información personal. Según los mensajes difundidos por el organismo en sus redes sociales, nadie puede solicitar usuario y contraseña de Mi PAMI, ni requerir contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación durante una consulta o gestión, ya sea en una farmacia o en un centro de salud.
El instituto también advirtió que ningún prestador está habilitado para duplicar la credencial del afiliado ni para pedir dinero adicional como condición para brindar atención. La guía señala que, ante cualquier duda, la única vía de consulta válida es a través de los canales oficiales del organismo o mediante el número 138, identificado como PAMI Escucha y Responde.
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Un tercer punto de la guía se enfoca en los documentos necesarios para acceder a prestaciones. El PAMI precisó que los únicos elementos requeridos son el DNI, la credencial del instituto y, exclusivamente para estudios de laboratorio, una orden médica impresa. Cualquier exigencia que exceda ese listado debe considerarse irregular.
Las advertencias llegan en un contexto de auditorías activas: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por irregularidades que incluyen cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y condiciones edilicias inadecuadas, según informó el organismo junto al Ministerio de Salud de la Nación.
El escenario que motivó estas advertencias tiene antecedentes concretos. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que derivó en al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales.
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Las recomendaciones se inscriben en un proceso de fiscalización que el PAMI lleva adelante la nueva conducción del organismo. En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: un prestador con dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, mientras que otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera demandado entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo ininterrumpido.
Esos patrones llevaron al organismo a implementar un esquema de monitoreo permanente de umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. Las bajas aplicadas a los más de 1.500 prestadores son resultado directo de ese mecanismo, que detectó tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, falta de documentación y establecimientos con condiciones que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos.
Cómo reconocer una situación sospechosa
La guía publicada en las redes del organismo cierra con una advertencia de carácter general: desconfiar si alguien insiste, apura o solicita información que no corresponde. Esa indicación apunta tanto a situaciones presenciales como a contactos digitales, donde el riesgo de suplantación de identidad institucional es mayor.
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Semanas atrás, desde el INSSJP aclararon que “auditar no significa perseguir” y garantizaron que las bajas aplicadas en prestadores no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, dado que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red disponible en todo el territorio nacional. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.