“Te encontrás con gente que no se quiere ir”: a 18 años de la causa Riachuelo, el lado B de los desalojos

En el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la Villa 21-24, miles de familias vivían desde hace años junto al Riachuelo, una de las regiones más contaminadas del país. En 2004, un grupo de vecinos y trabajadores de la salud demandaron a tres gobiernos -Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA- y 44 empresas por daño ambiental. En 2008, la Corte Suprema ordenó en la causa Mendoza sanear la zona y recuperar los márgenes del curso de agua como espacio público. El 8 de julio pasado, se cumplieron 18 años de esa sentencia.

Presentado como un antes y después para la causa ambientalista, los afectados iban a caer en la cuenta la magnitud de las consecuencias. Hay que imaginárselo: de un día para el otro, se resolvió que hay que trasladar a miles de personas de sus casas -no porque les guste, sino porque lo ordena una sentencia judicial-. Los que tienen que mudarse son vecinos que ya viven hace décadas ahí, con sus familias, trabajos y rutinas.

La sentencia por la contaminación fue un catalizador de conflicto.

“Nominar de esta manera el problema fue muy efectivo, porque logró un fallo histórico y logró forzar a los ejecutivos a actuar”, señaló la politóloga Julieta Sragowicz, autora del libro “Correr los márgenes: Acción pública en los bordes del Riachuelo”. Sin embargo, remarcó que la “centralidad de la contaminación” trajo aparejada “múltiples tensiones porque por momentos el argumento de la contaminación legitimó acciones poco respetuosas de los derechos humanos”. “Acá la cuestión habitacional o las mejoras en las condiciones habitacionales de quienes habitan en la cuenca aparecen con menos peso”, señaló Sragowic.

En concreto, el fallo de la Corte establecía 8 líneas de acción que planteaban, principalmente, intervenir en la contaminación industrial, la limpieza del curso de agua, la eliminación de basurales, la limpieza y liberación de los márgenes. Uno de los puntos claves era el camino de sirga, una franja de 35 metros desde la orilla, por ley inalienable e irrenunciable como espacio público

“Las relocalizaciones se tramitan inicialmente dentro del lineamiento de “limpieza de márgenes” y liberación del camino de sirga", recordó la investigadora. Para la mirada judicial, había una “notable homologación de esas personas a cosas” que “obstruyen” e “invaden” la zona de protección ambiental.

“Tenías una situación inicial que era la de desalojos forzados, compulsivos y violentos donde se notificaba a las personas con 72 horas de preaviso. En algunos casos, se les daba un subsidio habitacional, en otros se los mudó sin más a viviendas en otras zonas alejadas de sus lugares de origen”, afirmó Sragowicz. Fue el caso de los asentamientos Luján y El Pueblito, también llamados como los “sueltitos”.

Romina, trabajadora territorial del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), menciona en el libro el conflicto social en la ejecución del fallo, que estuvo a cargo del juez Luis Armella, quien instruyó la erradicación definitiva de los asentamientos precarios.

“La manda es sanear el Riachuelo y que el Riachuelo esté más limpio y eso pesa a la hora de llevar adelante una estrategia territorial, porque te encontrás con gente que no se quiere ir, “qué me importa a mí” … vecinos que se habían hecho la vivienda de manera tal de no sufrir ninguna contaminación, que hacen referencia a la belleza del riachuelo y que diseñaron su casa contemplando eso (…) y después cómo le decís: “bueno, esto es una decisión del juez”, relata el testimonio.

En este marco, el trabajo de Sragowicz cuenta qué pasó cuando la orden judicial de la Corte llegó al barrio, cómo se vivieron los intentos de relocalización y qué conflictos surgieron entre los vecinos, el Estado y quienes trabajan en la zona.

El problema empezaría a abordarse metódicamente luego que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), presentó en marzo de 2010 el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que incluyó la urbanización de villas y asentamientos dentro de su esquema de acciones. Solo en CABA, los datos oficiales reportaban que en el área del camino de sirga, a la altura de la Villa 21-24, había 1422 familias y 4346 personas afectadas.

Los conflictos

En la Villa 21-24, la Justicia halló un límite imprevisto. Bajo presión para demoler viviendas y avanzar con mudanzas compulsivas, los vecinos organizados, en conjunto con organismos como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asesoría Tutelar de Menores y la Defensoría General de la Ciudad, impulsaron acciones de amparo y medidas judiciales para frenar los desalojos unilaterales en el barrio Magaldi.

La conflictividad fue escalando. Otro hecho ocurrió en marzo de 2011, cuando se ocuparon viviendas que se estaban construyendo para la relocalización de las familias de Luján y El Pueblito. Poco después, el 6 de octubre de 2011, se sanciona la Ley 3.947 por el término de cinco años -luego prorrogados sistemáticamente-, que declara la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de cuenca, que habilitaba la consulta a las familias afectadas.

“Las estrategias de los afectados fueron muchas, que iban desde convocar a una diversidad de actores para amplificar sus demandas, presentar escritos judiciales, reapropiarse de consignas y categorías asociadas al saneamiento y la contaminación, hasta movilizarse”, dijo la investigadora.

Con los censos, se conformó en los barrios afectados un Cuerpo de Delegados, que llevó a cabo protestas y exigió participación, transparencia y resguardo de derechos en las mudanzas. Los representantes impulsaron varias acciones, por ejemplo, se resistieron abiertamente al censo y bloquearon el acceso al IVC al barrio. Como revela algún testimonio, entendían que las mudanzas iban a realizarse de forma arbitraria e inconsulta, como si fueran “ovejas”. Progresivamente, el mapa de interlocutores se fue haciendo más contradictorio y abigarrado. Forzó a una negociación colectiva.

“Una de las cosas que el libro pone sobre la mesa es que -en las sociedades democráticas- la concertación, la negociación y el abordaje del conflicto es una cuestión ineludible para el Estado, si éste pretende atender y resolver problemas complejos, que son además problemas de la vida cotidiana de muchas personas”, sostuvo Sragowicz.

De las “trampas” a la solución

En boca de las propias trabajadoras estatales, fue importante “hacer trampa”. No como fraude, sino como ejercicio de creatividad institucional para aprovechar los vacíos legales y la "porosidad del Estado”.

El equipo territorial funcionó como traductor de dos mundos: explicando la lógica estatal a la organización barrial, y, a la vez, infiltrando -en ocasiones por canales informales- demandas llegaban a quienes tomaban las decisiones.

“Por más luchas que haya de parte de los vecinos y por más organización que haya, si no tienen un intersticio por donde colar sus propuestas y sus necesidades y sus prioridades, no hay modo”, señaló Romina, trabajadora territorial del IVC, según reconstruye el libro.

“En todos los casos, lograron pasar de la resistencia a la incidencia y que muchas de sus demandas lograron ser institucionalizadas”, agregó Sragowicz.

Ante la resistencia y los conflictos, el Estado terminó elaborando un Protocolo Base para el Diseño e Implementación Socialmente Responsable de Procesos de Relocalización Involuntaria de Población, aprobado en 2015. Este instrumento, aunque limitado, estableció “qué puede y qué no puede hacer el Estado”, con la inclusión de “mesas de trabajo con los cuerpos representativos y formalizar una instancia de diálogo para el caso de la 21-24″, que fijó “que las próximas familias a relocalizar debía ser en la proximidad del barrio”.

“Es decir, organizarse sirve para frenar un modo de accionar del Estado”, planteó la investigadora, que remarcó que en los márgenes barriales la cara visible del Estado “suele ser la represiva, la violenta”. “Es una obviedad pero los tejidos sociales cohesionados son un elemento importante para que el Estado no abuse de su monopolio de la fuerza, no sea selectivo y discrecional”, agregó.

Toda la experiencia resultó un laboratorio. En los procesos de mudanza más relevantes, las familias priorizadas salieron de criterios consensuados, y con algún tipo de consulta abierta. “Es importante capitalizar estas experiencias de gestión para entender cuáles son los riesgos a mitigar en estos procesos de relocalización para no empobrecer ni seguir reproduciendo violencias y exclusiones”, afirmó.

El año pasado, Corte Suprema dio por terminada la supervisión de la ejecución del fallo. En todo el área de la cuenca, incluyendo los municipios del conurbano, el objetivo del PISA 2010 apuntaba a otorgar 17.771 soluciones habitacionales. Solo se terminaron 7638.

Sin embargo, para Sragowicz, lo relevante fue cómo todo este proceso “logró reorientar la política pública, en muchos aspectos mejorando el tipo de respuesta y el modo en que el Estado pretendía inicialmente resolver el problema”.

“La cuestión ambiental exige una mirada amplia. Lo ambiental es inseparable de lo social y lo habitacional. Y sobre todo que hay que poder dar cuenta de que no todos padecen o pagan los costos de la contaminación de la misma manera. Suelen ser los sectores populares quienes encuentran en zonas ambientalmente degradadas un espacio para vivir”, concluyó.