La Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, erogó algo más de $ 1.500.000 para poder cumplimentar un simple trámite judicial dispuesto por el Juzgado Federal de Bariloche en Villa Mascardi, en diciembre pasado.
Del total, cerca del 80 por ciento corresponden a los viáticos de los 100 efectivos pertenecientes a fuerzas especiales de la fuerza que viajaron a Bariloche, con el objetivo de llevar a cabo la medida, que tuvo lugar el 16 de diciembre pasado a 35 kilómetros de la localidad cordillerana.
La misión del cinematográfico operativo era constatar los daños que la autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu ocasionó en un predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, donde iba a funcionar la escuela de Guardaparques, en el denominado ex Hotel Mascardi.
Dicha comunidad permanece en la zona desde 2017, cuando usurpó seis hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales y desde allí avanzó a otro predio propiedad de la misma institución nacional, uno de Gas del Estado y a otros privados.
El imponente despliegue de móviles y efectivos de esa fuerza federal tenía como objetivo ingresar a uno de los predios que es controlado por los mapuches, en el marco de una causa por usurpación que investiga el Juzgado Federal de Bariloche.
El arribo de tanquetas blindadas, camiones hidrantes, equipos de comunicaciones, vehículos para transporte de personas y los 100 uniformados hizo creer que el predio ocupado iba a ser desalojado, aunque la labor de la fuerza de seguridad finalizó una vez que la funcionaria judicial constató in situ los daños ocasionados por los mapuches.
De la erogación total que demandó el operativo, cerca de $1.200.000 fueron destinados al viático de los empleados policiales. Además hubo “gastos” sin determinar por más de $220.000 y alrededor de $110.000 fueron destinados al combustible de la veintena de vehículos que participaron de la misión, incluyendo un camión blindado contrainsurgencia que fue donado por el gobierno de China para la seguridad de la Cumbre del G20.
Tras la concreción de dicha diligencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación manifestó su “conformidad” con el desarrollo de la misma y explicó a través de un comunicado que “las fuerzas de seguridad actuaron en consecuencia al pedido de la fiscal y se protegió a las personas que intervinieron en la medida”.
Dijeron además que “el juez (Gustavo) Zapata había requerido la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación en la inspección, tras lo que la cartera que conduce (Sabrina) Frederic designó a la PFA para que asumiera dicho trabajo. Luego, la fiscal Little solicitó participar de la medida, para lo que la PFA brindó la cobertura y cuidado necesarios para la funcionaria judicial”.
La espectacularidad del operativo tiene su explicación en la actitud violenta del grupo de encapuchados. Durante el operativo, sus integrantes arrojaron bombas molotov al personal, provocaron barricadas y arrojaron piedras a los efectivos de la fuerza, que respondieron con “municiones no letales”.
Ante la consulta de Infobae sobre el costo que había demandado el operativo, al día siguiente de su desarrollo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron que no era posible esbozar un cálculo, debido a que “los gastos se extraen de un presupuesto general previsto para operativos como el de Villa Mascardi”.
Sin embargo este medio accedió a un documento de la fuerza en el que se detalla lo que costó cada uno de los ítems mencionados.
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