El Ministerio de Justicia de República Dominicana instalará oficinas de derechos humanos en todos los centros penitenciarios, en una reforma que pretende transformar la estructura interna del sistema carcelario y fortalecer la tutela de los derechos fundamentales de privados de libertad y del personal penitenciario.
La medida, confirmada por el ministro Antoliano Peralta al medio Listín Diario, marca un cambio de paradigma institucional que, según los propios impulsores, situará al país como “el único que dentro de sus cárceles tiene una oficina de derechos humanos del gobierno para vigilar que se respeten los derechos humanos de los presos”.
En el anuncio realizado, Peralta respaldó formalmente la propuesta del director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana: “Sí. Nosotros estamos de acuerdo con eso”.
Santana explicó que este nuevo órgano estatal, con carácter permanente, no tendrá solo una función simbólica, sino que estará facultado para establecer controles efectivos y ejercer una vigilancia constante sobre las condiciones de reclusión y de trabajo, incluyendo la supervisión del personal penitenciario y la protección durante visitas familiares, traslados a audiencias o el acceso a alimentación y asistencia médica.
En ese sentido, Santana subrayó que “hay derechos humanos que tienen que ver con alimentación, derechos humanos del paciente”, ampliando el espectro tradicional del debate penitenciario. Además, resaltó que en ocasiones los propios empleados padecen situaciones más graves que las de los internos: “Yo fui a cárceles en Comayagua (Honduras), donde el personal penitenciario vivía en peores condiciones que los presos. En Honduras y aquí ha pasado”, afirmó.
Como parte de la reorganización administrativa, Santana precisó que la nueva estructura coloca toda la logística de traslados judiciales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de reducir demoras y garantizar la asistencia a tribunales en tiempo y forma.
“No llevar a un interno a su audiencia oportunamente es una violación a sus derechos”, advirtió Peralta, subrayando el daño que los retrasos procesales infligen sobre la credibilidad judicial y la duración de la privación de libertad.
El desafío presupuestario y la prioridad en la alimentación también ocupan un lugar central. Santana aclaró a los medios de comunicación que, aunque suelen destacarse las necesidades de transporte, la mayor parte de los recursos se destina a la provisión de alimentos: “Tenemos necesidades de alimento para los privados de libertad. No es cualquier cosa. De hecho, es la mayor parte del presupuesto”.
La creación de las oficinas de derechos humanos supone la primera vez que el Estado asume directamente la tarea de vigilancia dentro de las prisiones, más allá de las acciones históricas de organizaciones civiles.
Santana recordó que, en el pasado, solo movimientos como la Unión de los Derechos Humanos (UDU) o la Comisión de los Derechos Humanos intentaron instalar estructuras similares dentro de las prisiones, aunque sin carácter vinculante: “Son ONG. ¿Cuál es la obligación que tienen? La que ellos quieran. Tú no le puedes exigir más allá que lo que ellos quieran. Finalmente, yo no pude concretar eso”.
La nueva modalidad implica que el Estado asuma un “peso” institucional en materia de derechos humanos, dotando a las cárceles de un mecanismo formal de supervisión y seguimiento.
A juicio de Santana, la iniciativa marca “un antes y un después en el sistema penitenciario dominicano”. Calificó el traslado del sistema bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia como un “retorno” institucional y un paso central en el compromiso del Estado con los derechos fundamentales: “Este tema penitenciario, con esta nueva impronta del gobierno, realmente le pone los pantalones largos al compromiso del Estado con el tema de los derechos humanos”.
Otro aspecto relevante de la reforma es la eliminación de la figura del “preboste” —relacionada históricamente con prácticas de violencia y control informal dentro de los recintos— en favor de una administración estructurada bajo controles oficiales. “Esa figura en la reforma feneció”, confirmó Santana.
Por primera vez desde la independencia nacional, el sistema penitenciario queda vinculado orgánicamente al Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia, que ejercerá funciones de apoyo al sistema judicial y contará con autonomía funcional, jurídica, administrativa y financiera.
Durante décadas, el sistema operó bajo la égida del Ministerio Público, lo que, según Santana, provocó limitaciones estructurales: “El que está investigando, persiguiendo y litigando en los tribunales no podía estarse encargando de soltar preso, buscar preso, que la familia, los sueldos de los empleados”, detalló.
El ministro Peralta aclaró que estas oficinas no interfieren en la labor de los jueces ni del Ministerio Público. “Yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central”, precisó, remarcando la separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales. Añadió: “Estamos trayendo todas las tareas que el Poder Ejecutivo tenía metidas dentro del Ministerio Público hacia su lugar natural. El Ministerio de Justicia no tiene relación directa con la función de juzgar personas; es una institución del gobierno central”.
Los promotores de la medida afirman que el sistema dominicano podría posicionarse como modelo regional en supervisión penitenciaria estatal, siempre que cuente con suficiente dotación presupuestaria, personal capacitado y protocolos claros de actuación. Santana subrayó que el Estado, por primera vez, “tiene una persona encargada específicamente de los derechos humanos por el gobierno. Es la primera vez. No es un detalle cualquiera”.