En medio de una mezcla de incertidumbre e incomodidad por la agenda del Gobierno en el Congreso, el oficialismo abrió el grifo en el Senado en cuanto a analizar proyectos de aliados. El objetivo es activar la contención de dialoguistas clave que, al margen del reclamo inicial, aprovecharon el malestar por algunos índices económicos y viraron, en las últimas semanas, hacia una oposición más férrea que amistosa.
“Lamento que se haya llegado a esta instancia para que los libertarios se dieran cuenta que tratarnos todo el tiempo como empleados tenía mecha corta. Tampoco es que hayan abierto tanto el juego. Ahora, están apurados. Nosotros, en cambio, no. Iremos viendo con el paso de las semanas, aunque en septiembre ingresa el Presupuesto 2027 en Diputados y estimo que acaparará la atención”, señaló un legislador radical a Infobae. La bancada que lidera el correntino Eduardo Vischi (Corrientes) es trascendental en la actualidad, por sus 10 votos.
El antecedente que dejó la fileteada ley de propiedad privada -duerme en Diputados y nadie la quiere agilizar- se replica con los frenos a las intenciones de la jefa oficialista del Senado, Patricia Bullrich, en cuanto a dictaminar iniciativas que desea la Casa Rosada. Al consultar, en las oficinas aliadas prima la calma y nadie quiere dar un paso en falso o, al menos, exagerado y sin justificación. “El que acompaña al Gobierno y después pone la cara cuando baja del avión en mi provincia, para comerse los sopapos, soy yo”, reconoció un legislador dialoguista.
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Los textos en fila en la Cámara alta igual serán empujados por Bullrich. Por caso, en carpeta aparecen nuevos plenarios por la ley de Sociedades y el Súper RIGI. Hoy, nadie asegura un pronto despacho. Las críticas -camino más fácil para desviar la lupa- apuntan hacia el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Mientras desde Balcarce 50 piensan cómo dar vuelta un escenario que se complejiza, las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán pasado mañana, desde las 10, para analizar una iniciativa cuya finalidad es “establecer el marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono”.
Presentó uno de los textos la -por ahora- aliada salteña Flavia Royón, aunque en la versión web se sumaron las firmas de la filo radical chubutense Edith Terenzi y del jefe del PRO, Martín Goerling Lara. Otro articulado parecido es el de la oscilante misionera Elizabeth Rojas Decut, quien pasó hace un tiempo al lote de legisladores no confiables para el Ejecutivo.
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En el de Royón se destaca que “el establecimiento de cupos de exportación de Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles, definidos en función de la brecha entre las emisiones proyectadas y las metas comprometidas, permite equilibrar dos objetivos: promover la inserción internacional del mercado argentino de carbono y preservar la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos climáticos”.
Por otra parte, en los argumentos se habla de “promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera rentable, estableciendo un límite máximo legal de contaminación y creando un mercado donde las empresas compran y venden permisos de emisión”.
En junio pasado, los libertarios generaron un revuelo por acompañar a Terenzi para dictaminar una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión. A las pocas horas, aparecieron revisiones en las rúbricas del despacho en cuestión. Todo esto ocurrió mientras se discutían potenciales inversiones mega millonarias en el país. Generó fastidio en la Casa Rosada.
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Bajo este panorama, el oficialismo iría con pies de plomo con este tipo de temas. Algo similar a lo que proponen aliados con Sociedades; Súper RIGI, salud mental e, incluso, la denominada “Hojarasca”, que espera para ir al recinto. Es una criatura de Sturzenegger. Una de cal y otra de arena.
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